Tierras que fueron fortines de capos como ‘Gordo Lindo’, ‘el Alacrán’ y ‘el Marciano’, en Valle del Cauca, pasaron a manos de comunidades campesinas
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La reciente entrega de terrenos formalizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los municipios de Caicedonia, Sevilla y Bugalagrande, en el departamento del Valle del Cauca, no puede entenderse como un acto administrativo aislado, sino como una pieza clave en la implementación del componente de reforma rural acordado en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016, que ha enfrentado múltiples obstáculos presupuestales, políticos y operativos durante la última década. A nivel nacional, la concentración de la propiedad rural sigue siendo uno de los principales motores de la desigualdad estructural en Colombia: según el último Censo Nacional Agropecuario, más del 70% de las unidades productivas del país tienen menos de 5 hectáreas, mientras que el 1% de los propietarios acumulan más del 60% de la tierra útil, una dinámica que ha alimentado el desplazamiento forzado, la expansión de economías ilícitas y el rezago en la productividad agrícola nacional. La apuesta de la ANT por focalizar estos predios en cultivos de yuca, plátano y cítricos tiene sentido estratégico en una región con vocación agrícola pero con altos índices de informalidad en el catastro rural, donde la falta de títulos de propiedad ha impedido que pequeños productores accedan a créditos, programas de asistencia técnica y canales de comercialización formal, perpetuando ciclos de pobreza que el Estado colombiano lleva décadas intentando desarticular.
El enfoque en cadenas productivas de yuca, plátano y cítricos para estos predios entregados en el eje norte del Valle del Cauca responde a una lectura técnica de las necesidades de seguridad alimentaria y dinamización económica de la región, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la intervención estatal más allá de la entrega de títulos. A nivel nacional, estas tres cadenas movilizan más de 12 billones de pesos anuales en el mercado interno, generan empleo directo para más de 2 millones de familias en el sector rural y tienen un potencial de exportación que sigue subutilizado por falta de estándares fitosanitarios y logística adecuada. Sin embargo, la experiencia nacional en procesos previos de entrega de tierras demuestra que la mera formalización de la propiedad no garantiza el éxito productivo: en departamentos como Córdoba o Meta, hasta el 40% de los predios entregados a campesinos han quedado ociosos o han sido vendidos en el mercado informal por falta de acompañamiento técnico, acceso a insumos y canales de comercialización estables. Para que esta jornada en Caicedonia, Sevilla y Bugalagrande no sea un hecho efímero, el Estado deberá coordinar con gobernaciones y alcaldías la inversión en infraestructura vial rural, riego y capacitación, pues la tierra sin soporte productivo termina convirtiéndose en un activo especulativo que reproduce las dinámicas de concentración que la política pública dice combatir.
El impacto real de esta intervención en Caicedonia, Sevilla y Bugalagrande será un indicador clave para evaluar la capacidad del actual gobierno nacional de avanzar en los compromisos de reforma rural que han sido postergados por décadas, en un contexto donde la oposición política ha cuestionado la agilidad de la ANT para procesar los más de 800.000 solicitudes de titulación que siguen pendientes en todo el territorio nacional. A nivel regional, el Valle del Cauca concentra el 8% de la producción agrícola nacional pero tiene una de las mayores brechas de desigualdad entre sus zonas urbanas, como Cali o Palmira, y sus corredores rurales, donde la pobreza monetaria supera el 35% en varios municipios del norte del departamento. La entrega de tierras para cultivos de pan coger y cadenas agroindustriales como los cítricos también se entrelaza con la agenda de sustitución de cultivos ilícitos, pues la generación de ingresos lícitos en zonas con presencia histórica de narcotráfico es la única forma de garantizar la sostenibilidad de la paz territorial. No obstante, el éxito de esta jornada dependerá de la transparencia en la selección de los beneficiarios: la historia reciente de la política agraria colombiana está llena de casos de clientelismo en la asignación de tierras, lo que ha erosionado la confianza de las comunidades rurales en las instituciones estatales. Para que este acto administrativo se traduzca en desarrollo real, la ANT deberá publicar periódicamente informes de seguimiento sobre la productividad de estos predios, el uso de los recursos asignados y el impacto en los ingresos de las familias beneficiarias, pues solo con rendición de cuentas se podrá validar la política pública de reforma rural frente a una opinión pública que lleva años escéptica sobre la capacidad del Estado para transformar el campo colombiano.
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