‘Los hospitales están facturando millonarios recursos, pero solo reciben migajas’: nueva petición ante la crisis de la salud en Nariño
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La solicitud formal radicada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño ante la Superintendencia de Salud no debe leerse como un reclamo regional aislado, sino como un síntoma de la crisis estructural que aqueja a las Empresas Sociales del Estado en todo el territorio nacional, cuyo desbalance financiero amenaza la continuidad de la prestación de servicios de salud para millones de colombianos, especialmente en departamentos con alta ruralidad y brechas de cobertura históricas. Datos del más reciente boletín de vigilancia de la Supersalud revelan que, a cierre del primer semestre de 2024, las ESE del país acumulan una cartera vencida superior a los 5,2 billones de pesos, de los cuales el 78% corresponde a pagos pendientes por parte de las Entidades Promotoras de Salud tanto del régimen contributivo como del subsidiado, que han incumplido sistemáticamente con los plazos de pago establecidos en la normativa vigente, priorizando la rentabilidad financiera de sus matrices sobre la sostenibilidad de la red pública prestadora. En el caso particular de Nariño, las 15 ESE que operan en el departamento reportan una cartera impaga de 187.000 millones de pesos, lo que equivale al 42% de su presupuesto operativo anual, situación que ha forzado a varios centros de salud de primer nivel a suspender la contratación de personal médico, la compra de insumos y la realización de procedimientos quirúrgicos no urgentes, agravando las condiciones de salud de una población que ya presenta indicadores de mortalidad infantil y materna superiores al promedio nacional. Analizar esta petición requiere entonces situarla en el marco de la reforma al sistema de salud que cursa actualmente en el Congreso de la República, pues la propuesta de eliminar a las EPS como intermediarias y fortalecer la red pública es precisamente la respuesta estructural que los departamentos como Nariño llevan años exigiendo para superar la dependencia de pagos privados que hoy paralizan su capacidad de atención.
La intervención solicitada a la Supersalud no se limita a una gestión administrativa de cobranza, sino que apunta a corregir asimetrías de poder que han debilitado la autonomía financiera de las ESE frente al oligopolio de las EPS, entidades que concentran el 95% de la afiliación al sistema de salud y han utilizado su posición dominante para dilatar pagos, aplicar descuentos unilaterales por supuestas glosas injustificadas y trasladar el costo de su ineficiencia operativa a la red pública prestadora. A nivel nacional, el Ministerio de Salud ha reconocido en múltiples ocasiones que las glosas impuestas por las EPS a las facturas de las ESE ascienden a más de 1,8 billones de pesos anuales, una práctica que no solo contraviene la ley al no estar soportada en criterios técnicos, sino que desfinancia directamente la capacidad de inversión de los hospitales públicos, que deben asumir costos operativos crecientes derivados de la inflación en insumos médicos, el aumento salarial de personal regido por convenciones colectivas y la necesidad de modernizar infraestructuras que en muchos casos datan de hace más de tres décadas. En el contexto de Nariño, donde el 68% de la población está afiliada al régimen subsidiado y la dispersión geográfica eleva los costos de transporte de pacientes y suministros en un 35% respecto al promedio nacional, la petición de fortalecer los ingresos de las ESE adquiere una dimensión de equidad territorial, pues la sostenibilidad de la red pública en zonas periféricas es la única garantía de que el derecho a la salud no sea un privilegio reservado a los centros urbanos. La respuesta que dé la Supersalud a este requerimiento será un indicador clave para evaluar la voluntad real de la autoridad de control de priorizar la salud pública sobre los intereses del sector financiero que ha capturado gran parte del sistema de salud colombiano en las últimas dos décadas.
El desenlace de esta solicitud tendrá repercusiones que trascienden las fronteras de Nariño, pues marcará un precedente sobre la viabilidad de la red pública de salud en un escenario donde el Congreso todavía no logra consolidar un consenso sobre la reforma estructural del sistema, y donde las ESE siguen siendo el eslabón más débil de una cadena de valor que privilegia la intermediación financiera sobre la prestación directa de servicios. Si la Supersalud opta por una intervención decidida, con sanciones ejemplarizantes para las EPS morosas y mecanismos de ajuste automático de los ingresos de las ESE según los costos reales de prestación de servicios, se estaría dando un paso firme hacia la desconcentración del poder en el sector salud y la recuperación de la capacidad operativa de los hospitales públicos, lo que beneficiaría no solo a Nariño sino a departamentos como Chocó, La Guajira y Putumayo, que enfrentan crisis financieras idénticas en sus ESE. Por el contrario, una respuesta tibia, limitada a recordatorios de pago sin consecuencias reales, confirmaría la percepción ciudadana de que las autoridades de control están capturadas por los intereses de las EPS, profundizando la desconfianza en las instituciones y aumentando la presión social para que la reforma al sistema avance con mayor celeridad, incluso por vías extraordinarias. A mediano plazo, la sostenibilidad de las ESE es innegociable para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con salud, y el caso de Nariño demuestra que la inacción frente a la cartera vencida no es solo una negligencia administrativa, sino una vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud que el Estado colombiano está obligado a garantizar sin distinción de origen regional o estrato socioeconómico.
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