Lío de basuras en Cali: ‘El alcalde no puede pretender que siempre estén los cuatro operadores de hoy en día’, dice la gerente liquidadora de Emsirva
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La entrevista concedida por Luz Adriana Betancourt, gerente liquidadora de una de las principales empresas de aseo del país, a EL TIEMPO arroja luz sobre las dinámicas estructurales que han debilitado al sector de gestión de residuos sólidos en Colombia durante la última década, un renglón crítico para la salud pública y la sostenibilidad ambiental que ha estado marcado por la inestabilidad institucional, la superposición de competencias entre entidades nacionales y territoriales, y la presencia de operadores privados que han incumplido contratos de manera sistemática sin enfrentar sanciones proporcionales a los daños causados a las comunidades. Las revelaciones sobre las prácticas de estos operadores, que incluyen desde la inflación artificial de costos operativos hasta la omisión de protocolos de disposición final de desechos peligrosos, no son hechos aislados, sino que reflejan una falla de mercado profunda donde la regulación de la Superintendencia de Servicios Públicos ha sido insuficiente para equilibrar el poder de las grandes empresas frente a los usuarios y los municipios, muchos de los cuales dependen de transferencias nacionales para cubrir los déficits de sus empresas de aseo locales. Este escenario explica por qué el proceso de liquidación de empresas como la que encabeza Betancourt no es solo un trámite administrativo, sino un mecanismo de depuración institucional que busca desmantelar redes de clientelismo y corrupción que han drenado recursos públicos por miles de millones de pesos, afectando directamente la calidad de vida de más de 40 millones de colombianos que habitan en zonas urbanas y periurbanas donde el servicio de recolección y disposición final es deficiente o inexistente.
La mención específica a la devolución de Emsirva en las declaraciones de Betancourt introduce un elemento de continuidad institucional que contradice la narrativa de ruptura total con el pasado que han promovido las autoridades nacionales en sus discursos de reforma al sector de aseo, pues Emsirva ha sido una de las empresas más cuestionadas por la Contraloría General de la República por irregularidades en la ejecución de contratos de prestación de servicios en varios departamentos del país, incluyendo denuncias de sobrecostos en la adquisición de maquinaria y la contratación de personal vinculado a redes políticas locales. La decisión de reintegrar a esta empresa al circuito de operadores autorizados, según lo revelado por la liquidadora, no puede entenderse sin analizar el contexto de la crisis de capacidad instalada que enfrenta el país, donde la salida de operadores en liquidación ha generado vacíos de cobertura que ponen en riesgo la prestación del servicio público esencial, obligando a las autoridades a flexibilizar criterios de selección para evitar colapsos sanitarios en las grandes ciudades. Este equilibrio entre la depuración de actores corruptos y la continuidad del servicio público es el dilema central que enfrenta el gobierno nacional, pues cualquier error en la calificación de operadores puede perpetuar las prácticas de abuso de posición dominante que han caracterizado al sector, al tiempo que la falta de inversión en infraestructura pública de disposición final, como rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento, limita las opciones de los municipios para diversificar su oferta de proveedores y reducir su dependencia de empresas con historiales cuestionables.
El análisis de las revelaciones de la gerente liquidadora permite proyectar que el proceso de reestructuración del sector de aseo en Colombia estará marcado por tensiones entre la justicia transicional institucional y la urgencia de garantizar la prestación del servicio, un escenario donde las decisiones de las autoridades de control y de los liquidadores de empresas en crisis tendrán un impacto directo en la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, que han perdido credibilidad tras años de escándalos de corrupción en la contratación estatal. La profundidad de las revelaciones sobre los operadores sugiere que el problema no es solo de gestión técnica, sino de diseño institucional, pues el modelo de descentralización de la prestación del servicio de aseo ha transferido responsabilidades a municipios que no tienen capacidad técnica ni financiera para supervisar a los operadores privados, lo que ha generado una asimetría de información que favorece a las empresas y perjudica a los usuarios que enfrentan aumentos tarifarios injustificados año tras año. De cara al futuro, la implementación de la nueva política nacional de gestión de residuos sólidos, que busca promover la economía circular y la formalización de recicladores, dependerá de la capacidad del Estado para integrar las lecciones de casos como el de la empresa en liquidación y Emsirva, evitando que los errores del pasado se repitan y garantizando que la transparencia y la rendición de cuentas sean los pilares de un sector que es estratégico no solo para la salud pública, sino para el cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales que Colombia ha adquirido en el marco de los acuerdos de París y la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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