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La decisión de incluir a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados en una lista negra de organizaciones terroristas constituye un acto sin precedentes que trasciende el ámbito jurídico y entra directamente en el campo de la geopolítica global, revelando con crudeza cómo las estructuras de poder en el Consejo de Seguridad y en los aparatos burocráticos internacionales operan como instrumentos de disciplina política cuando un funcionario del sistema resulta incómodo para las potencias hegemónicas. Francesca Albanese, quien documentó con rigor académico y evidencia de campo las violaciones sistemáticas de Derecho Internacional Humanitario en la Franja de Gaza, fue señalada por una coalición de Estados, encabezada por Israel y respaldada por Estados Unidos, como entidad vinculada al terrorismo, lo cual busca silenciar no solo a una persona sino al marco normativo que ha existido desde 1945 para la protección de los pueblos oprimidos. Este movimiento abre una grieta en la credibilidad institucional de la ONU, ya que demuestra que los mecanismos de rendición de cuentas son aplicables solo cuando los intereses de Tel Aviv y de su aliado estratégico en Washington no están en juego, convirtiendo la organización en un escenario de theater of legitimacy donde las resoluciones quedan vacías de contenido operacional frente a la hegemonía israelí.
Desde una perspectiva histórica, esta sanción es la continuación de un patrón que se repite desde la creación del Estado israelí en 1948: la instrumentalización del derecho penal internacional y de las listas de terrorismo como herramienta de castigo político contra quienes denuncian los crímenes de guerra, tal como ocurrió con la criminalización de movimientos de liberación nacional en África y América Latina durante la Guerra Fría cuando los bloques económico-militares utilizaban la retórica antiterrorista para eliminar disidencias geopolíticas. La inclusión de Albanese en esa lista no es un aislamiento fortuito sino un mensaje dirigido a la comunidad internacional entera: cualquier mecanismo de verdad, justicia y reparación que pueda establecerse para Gaza será neutralizado desde las instancias donde los Estados tienen veto, lo que refuerza la tesis de que la solución de dos Estados, promovida durante décadas por la diplomacia occidental, ha muerto como proyecto político porque el colonialismo territorial israelí ya no necesita disimular su naturaleza expansionista bajo el paraguas de una negociación que nunca tuvo voluntad real de concretarse. Para Colombia, esta situación encarna una lección dolorosa, pues el país ha transitado por el mismo patrón de criminalización de defensores de derechos humanos y de líderes sociales que hoy enfrentan la misma lógica de aniquilamiento institucional que padecen los palestinos.
Las repercusiones para la región latinoamericana podrían ser mayores de lo que aparenta esta noticia, pues el precedente de silenciar a una relatora de la ONU abre la puerta a que cualquier mecanismo de verificación internacional sea neutralizado mediante la presión de los bloques hegemónicos, lo cual debilita el orden multilateral que América Latina ha intentado construir desde la Conferencia de Bandung y la Primera Cumbre Sudamericana. La comunidad de Estados que defienden el derecho internacional frente a la guerra en Gaza, liderada por Brasil, Sudáfrica y la propia Colombia a través de su posición en organismos multilaterales, enfrenta ahora el riesgo de verse coaccionada a moderar su discurso o enfrentar sanciones secundarias que afecten sus relaciones comerciales con Washington y Bruselas. La soberanía de los pueblos sobre sus destinos, principio que la Cumbre de la Habana de 2019 elevó como bandera continental, choca frontalmente con una realidad donde el poder militar estadounidense y las redes de influencia israelí operan como un bloque económico-industrial de defensa que condiciona la política exterior de decenas de naciones, obligando a una revisión profunda de cómo se concibe la diplomacia en un mundo donde la verdad ya no es un valor operativo sino un obstáculo a ser eliminado.
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