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La presencia inmediata de autoridades en puntos de emergencia donde se reportan personas heridas constituye un indicador crítico de la eficacia de los sistemas de respuesta integral de Colombia, un país que en las últimas dos décadas ha invertido más de 12 billones de pesos en la modernización de redes de atención prehospitalaria, aunque persisten brechas estructurales que limitan la cobertura en zonas rurales dispersas y sectores periféricos de grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín o Cali. La rapidez con la que equipos de salud, cuerpos de bomberos y fuerza pública se despliegan ante incidentes que generan lesionados no solo responde a protocolos técnicos estandarizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, sino que refleja también las presiones sociales y políticas que han empujado a las administraciones locales a priorizar la reducción de tiempos de respuesta tras casos emblemáticos de demoras fatales que generaron movilizaciones ciudadanas en 2021 y 2022. Sin embargo, más allá de la ejecución operativa en el terreno, este tipo de despliegues evidencia las tensiones latentes entre la capacidad instalada de las entidades territoriales y el crecimiento exponencial de riesgos asociados a la violencia urbana, los desastres naturales agravados por el cambio climático y los accidentes de tránsito, que en 2023 dejaron un registro histórico de 48.000 personas atendidas por servicios de urgencia en todo el territorio nacional, según datos del Sistema de Información de la Protección Social (SISPRO).
El hecho de que las autoridades se encuentren en el lugar atendiendo a heridos debe leerse también en el marco del debate nacional sobre la descentralización de la gestión de riesgos, un tema que ha dominado las sesiones del Congreso de la República en el último año tras la aprobación de la Ley 2184 de 2022, que redefinió las competencias de los municipios en la atención de emergencias. Mientras que las ciudades capitales cuentan con sistemas integrados de respuesta que articulan entidades nacionales y locales, los municipios de categoría 5 y 6, que concentran el 60% de la población rural del país, enfrentan déficits crónicos de recursos humanos y técnico que retrasan la llegada de ayuda a comunidades alejadas, lo que obliga a las autoridades nacionales a intervenir en casos que deberían ser competencia exclusiva de las alcaldías. Esta asimetría territorial no es solo un problema logístico, sino un factor que profundiza las desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud y a la vida, pues las tasas de mortalidad por lesiones evitables son 3,2 veces más altas en zonas rurales que en áreas urbanas, según el informe más reciente del Observatorio Nacional de Salud. La presencia de autoridades en el sitio del incidente, por tanto, no es un hecho aislado, sino un reflejo de la disputa política entre el gobierno central y las administraciones locales por el control de los recursos para gestión de riesgos, una discusión que tendrá impacto directo en las elecciones regionales de 2025 y en la viabilidad de los planes de desarrollo territorial.
La atención a personas heridas por parte de autoridades en el lugar del hecho también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de respuesta, especialmente en un contexto de ajuste fiscal que ha llevado al gobierno nacional a proponer recortes del 8% en el presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para el próximo año. Este recorte, que ha sido criticado por expertos en seguridad y salud pública, podría comprometer la capacidad de las autoridades para mantener los tiempos de respuesta actuales, especialmente en temporadas de mayor riesgo como la temporada de lluvias o los periodos de mayor movilización social, donde los incidentes que generan lesionados se incrementan en un 40%. A nivel nacional, el desgaste de los equipos de primera respuesta también es un factor crítico: según encuestas realizadas por la Federación Colombiana de Bomberos, el 70% de los trabajadores de emergencias reporta niveles de estrés laboral crítico y falta de dotación adecuada, lo que aumenta el riesgo de errores en la atención y reduce la eficacia de las intervenciones. Lo que ocurre hoy en el terreno, con autoridades atendiendo a heridos, es por tanto una radiografía de las fortalezas y debilidades de un sistema que ha avanzado significativamente en la última década, pero que sigue siendo vulnerable a shocks políticos, fiscales y climáticos que podrían revertir los avances logrados en la reducción de la mortalidad por causas externas, un indicador clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
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