¿Subirán los precios de la leche y el queso por el fenómeno de El Niño en Colombia? Ganaderos advierten del impacto: ‘Esto es muy preocupante’
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La reducción de precipitaciones registrada en la región Caribe colombiana durante los últimos dos trimestres no constituye un episodio aislado de variabilidad climática, sino un síntoma de la aceleración de los procesos de aridificación que han reducido la disponibilidad hídrica en esta zona en un 28% desde el año 2000, según los registros del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Esta región, que alberga a 12 de los 32 departamentos del país y concentra el 22% de la población nacional, es responsable del 34% de la producción ganadera de carne bovina a nivel nacional, con departamentos como Cesar, Magdalena y Sucre liderando los inventarios de cabezas de ganado que abastecen tanto los mercados locales como las cadenas de distribución hacia la región Andina y el oriente del país. La afectación actual a los rebaños, manifestada en la pérdida de peso de los animales, el aumento de las tasas de mortalidad neonatal y la reducción de la producción láctea, tiene implicaciones que trascienden las fronteras departamentales: el alza proyectada del 18% en el precio del kilo de carne bovina para el cierre de 2024, derivada de la menor oferta, impactará directamente el poder adquisitivo de los hogares de estratos 1 y 2 en todo el territorio nacional, que destinan en promedio el 38% de sus ingresos mensuales a la compra de alimentos, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
El impacto en la economía de los hogares rurales caribeños, señalado en los reportes de alerta temprana, expone las falencias estructurales de la política agraria nacional para atender zonas históricamente marginadas por la inversión pública. El 68% de los productores ganaderos de la región son pequeños tenedores que poseen inventarios de menos de 10 cabezas de ganado, según la encuesta nacional ganadera de 2023, y dependen de la venta de animales y productos lácteos para cubrir hasta el 70% de sus ingresos mensuales; la sequía ha obligado a muchos de ellos a desplazar sus rebaños hacia zonas de difícil acceso en busca de pastos, incrementando los costos de producción en un 25% en promedio, mientras que el precio de insumos como concentrados y agua potable para el ganado ha subido un 40% en los últimos seis meses, devorando los márgenes de utilidad de los hogares más vulnerables. A esto se suma la crisis de seguridad alimentaria en las zonas rurales: el 42% de los hogares campesinos del Caribe dependen de cultivos de pancoger como maíz, yuca y frijol para su subsistencia, cultivos que han visto reducidos sus rendimientos en un 50% por la falta de lluvias, lo que ha llevado a un aumento del 30% en la compra de alimentos básicos en los centros poblados, una carga adicional para familias que ya enfrentan ingresos precarios. La respuesta estatal, hasta ahora limitada a la entrega de ayudas humanitarias focalizadas en los municipios más afectados de La Guajira y Cesar, no aborda la raíz del problema: la falta de inversión en infraestructura de riego, que solo cubre el 12% de la tierra agrícola de la región, y la exclusión de más de 300 mil familias campesinas del Catastro Multipropósito, lo que les impide acceder a créditos blandos y subsidios del Ministerio de Agricultura.
Las proyecciones climáticas a mediano plazo, elaboradas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), señalan que la región Caribe colombiana enfrentará una reducción adicional del 20% en sus precipitaciones anuales para el año 2050, lo que convertiría a este episodio actual en un umbral crítico para repensar la viabilidad del modelo ganadero extensivo que predomina en la zona, y que ha sido incentivado durante décadas por políticas de expansión de la frontera agrícola sin considerar los límites ecológicos. A nivel nacional, la persistencia de estas condiciones amenaza con desacelerar el crecimiento económico proyectado para 2024, que ya se sitúa en el 1.8% según el Banco de la República, dado que el sector agropecuario aporta el 6.5% del PIB nacional, y la pérdida de dinámica en la producción caribeña se traducirá en menores recaudaciones de impuestos territoriales y mayores gastos en transferencias sociales para atender a las poblaciones afectadas. Politológicamente, la gestión de esta crisis será un termómetro clave para la legitimidad del gobierno nacional en la región Caribe, que concentra el 24% del censo electoral y fue un bastión de apoyo al actual gobierno en las elecciones de 2022; la percepción de abandono estatal, sumada al aumento de la migración interna desde zonas rurales hacia las principales ciudades del país, podría tensionar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y educación urbanos, que ya operan con déficits de infraestructura. Finalmente, este escenario subraya la urgencia de acelerar la implementación de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que apenas ha ejecutado el 14% de los recursos asignados para el sector agrario, y de priorizar la titulación de tierras rurales como mecanismo para reducir la vulnerabilidad de las comunidades campesinas frente a choques climáticos y económicos.
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