El resultado histórico obtenido por la formación ultraderechista liderada por Nigel Farage en las elecciones locales de Inglaterra no debe analizarse como un fenómeno aislado del sistema político británico, sino como un síntoma de la profunda crisis de representatividad que atraviesa el orden liberal occidental en la posguerra fría, agravada por las secuelas de la pandemia de COVID-19, la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania y el descontento generalizado con las élites políticas tradicionales que han sido percibidas como incapaces de proteger la soberanía nacional frente a los flujos migratorios irregulares y las imposiciones de los bloques económicos supranacionales. Esta movilización, que ha permitido a Reform UK —la agrupación de Farage, heredera de la antigua fuerza del Brexit— arrebatar cientos de concejales a los dos partidos mayoritarios históricos, el Conservador y el Laborista, se inserta en una tendencia global de ascenso de fuerzas populistas y antiglobalización que cuestiona la hegemonía del consenso de Washington y la arquitectura multilateral de posguerra, abriendo grietas en la cohesión del bloque europeo y del propio sistema de alianzas transatlánticas que ha definido la geopolítica global durante las últimas siete décadas.
Las raíces de este triunfo electoral se remontan a la victoria del Brexit en el referéndum de 2016, proceso en el que Farage jugó un papel protagónico al articular un discurso de recuperación de la soberanía nacional frente a las supuestas intromisiones de la Unión Europea, que resonó con fuerza en las zonas industrializadas del norte de Inglaterra que habían sufrido décadas de desindustrialización y abandono estatal bajo políticas neoliberales de ambos partidos mayoritarios. Esta base electoral, que anteriormente votaba por el Labour en sus versiones más socialdemócratas, fue capturada primero por los conservadores de Boris Johnson en 2019 con promesas de materializar el Brexit, y hoy migra hacia Reform UK al percibir que ni los tories ni los laboristas de Keir Starmer han resuelto problemas estructurales como la precariedad laboral, el colapso de los servicios públicos de salud y la presión migratoria, lo que demuestra la capacidad de la ultraderecha para cooptar el descontento popular mediante narrativas que endemonian a poblaciones vulnerables y cuestionan la utilidad de los acuerdos comerciales y de cooperación internacional. Para Colombia, este giro en la política británica implica una incertidumbre respecto al cumplimiento de los compromisos de cooperación en temas de paz, lucha contra el narcotráfico y cambio climático, dado que un gobierno más orientado al nacionalismo aislacionista priorizaría recursos domésticos sobre alianzas externas, mientras que el fortalecimiento de discursos anti-inmigración en el Reino Unido podría endurecer las políticas de visado para ciudadanos colombianos y dificultar los flujos de remesas, a la vez que sienta un precedente de movilización ultraderechista que podría ser imitado por fuerzas políticas locales que buscan capitalizar el descontento con los tradicionales partidos colombianos.
La consolidación de la ultraderecha como actor de primer orden en el Reino Unido tiene repercusiones que trascienden las fronteras británicas, especialmente en la configuración de un nuevo orden geopolítico marcado por la erosión de los bloques de poder tradicionales y el ascenso de actores estatales y no estatales que priorizan la soberanía nacional por encima de la cooperación multilateral. En el ámbito europeo, este resultado fortalece a fuerzas aliadas como el Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni o el Rassemblement National de Marine Le Pen, que podrían avanzar en una agenda de restricción de libre circulación, recorte de ayuda al desarrollo y oposición a acuerdos comerciales ambiciosos, lo que impactaría directamente a Colombia dado que la Unión Europea es el segundo socio comercial del país y un actor clave en el financiamiento de programas de transformación territorial del acuerdo de paz. Asimismo, la normalización de discursos xenófobos y antiglobalización en el norte global alimenta narrativas similares en Latinoamérica, donde sectores de la derecha radical colombiana ya han comenzado a utilizar retóricas de ‘defensa de la soberanía’ para oponerse a acuerdos internacionales de derechos humanos o cooperación con organismos multilaterales, a la vez que el debilitamiento del consenso transatlántico abre espacios para que potencias emergentes como China profundicen su influencia en la región, ofreciendo alternativas de inversión y cooperación que no están sujetas a las condicionalidades de los bloques occidentales tradicionales, lo que obligará a Colombia a recalibrar su política exterior para navegar un entorno global cada vez más fragmentado y volátil.




