La encuesta de la Red de Ciudades Cómo Vamos revela que un tema transversal alcanza el interés del sesenta por ciento de los ciudadanos consultados en las principales urbes del país, lo que configura un panorama de preocupación colectiva que trasciende las fronteras políticas y las divisiones partidistas que han marcado el debate nacional en los últimos años. Este nivel de consenso es raro en un contexto colombiano donde las elecciones suelen polarizar la agenda pública y donde cada sector de la clase política intenta imponer su propia prioridad sobre las demás. Cuando seis de cada diez personas señalan la misma inquietud como la más relevante para su vida cotidiana, el mensaje es contundente: hay una demanda ciudadana urgente que no puede ser ignorada ni diluida en discursos programáticos. La Red de Ciudades Cómo Vamos, que agrupa a decenas de organizaciones cívicas de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras, ha cumplido una función crítica al medir la percepción ciudadana de manera descentralizada, lo que permite contrastar las respuestas entre regiones y entender si las preocupaciones son homogéneas o varían según la realidad territorial. El hecho de que el sesenta por ciento de los encuestados coincida en una sola prioridad indica que la sociedad colombiana está alcanzando un umbral de alerta sobre un problema estructural que no ha sido resuelto por las administraciones pasadas ni por la legislatura vigente, y que requiere políticas públicas concretas, no solo declaraciones de intenciones.
Detrás de ese sesenta por ciento se esconden realidades que se repiten en barrios populares y zonas rurales urbanizadas de todo el territorio nacional: la dificultad para costear la canasta básica, la inseguridad que acecha en las calles, el desempleo que afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres, y la desconfianza creciente en las instituciones que deberían responder a esas demandas. Las ciudades colombianas llevan décadas experimentando una urbanización acelerada que no ha sido acompañada por una inversión en infraestructura y servicios públicos proporcional, lo que ha generado una brecha creciente entre lo que el Estado promete y lo que el ciudadano recibe. Esta brecha no es solo económica, es también institucional: cuando la gente siente que sus voces no son escuchadas en los procesos de planeación y presupuestación, la participación ciudadana se debilita y el descrédito de la política se profundiza. Los datos de la encuesta deben leerse también en el contexto de la coyuntura económica actual, con una inflación que ha comprimido los ingresos reales de las familias, una deuda pública que limita el margen fiscal de los municipios y unas elecciones departamentales y distritales que acercan un ciclo político donde los candidatos deberán responder a estas preocupaciones con propuestas viables, no con promesas vacías. El desafío para los gobernadores y alcaldes electos será traducir esa energía ciudadana en políticas territoriales que reduzcan las desigualdades y devuelvan la confianza en la capacidad del Estado para resolver problemas concretos.
La pregunta que queda abierta después de estos resultados es qué hará el poder político con esa información. Históricamente, las encuestas de la Red de Ciudades Cómo Vamos han servido como termómetro para orientar la agenda legislativa y municipal, pero su impacto real depende de que los responsables de tomar decisiones no las traten como un documento más en un archivo digital. El sesenta por ciento que identifica este tema como el más relevante no es un número abstracto: representa a millones de colombianos que cada día toman decisiones económicas y sociales condicionadas por ese problema, desde la forma en que administran su presupuesto familiar hasta la decisión de migrar hacia otras ciudades en busca de mejores condiciones. Si las administraciones entrantes no incorporan estas prioridades en sus planes de gobierno con metas medibles y plazos claros, el ciclo de frustración ciudadana se repetirá, alimentando el abstencionismo y el malestar social que han caracterizado la vida política colombiana en las últimas décadas. La clave está en convertir esa percepción ciudadana en herramientas de gestión pública, no solo en diagnósticos de opinión, para que el siguiente ciclo electoral se defina por resultados y no por promesas incumplidas.




