¿Por qué invalidaron 7,5 millones de fotomultas en Colombia? Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó la razón
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La auditoría realizada a los 37 organismos de tránsito en Colombia ha revelado un panorama preocupante respecto a la operación de los sistemas de fotodetección en el país. Los hallazgos detallan irregularidades significativas en los trámites administrativos y las autorizaciones necesarias para el funcionamiento de estos dispositivos, lo cual pone en entredicho la legalidad de miles de comparendos impuestos a los conductores durante los últimos años. La revisión, que abarca desde organismos departamentales hasta municipales, evidencia una falta de estandarización en los procesos de contratación, calibración y certificación de los radares y cámaras de vigilancia vial. Esta situación no solo compromete la efectividad de la política de seguridad tránsito, sino que también genera incertidumbre jurídica para millones de ciudadanos que han recibido sanciones bajo procedimientos potencialmente viciados. La magnitud de los organismos afectados sugiere que no se trata de casos aislados, sino de una debilidad sistémica en la supervisión y control de la implementación tecnológica para la vigilancia de las vías.
Las implicaciones de estas irregularidades trascienden el ámbito administrativo y tocan directamente la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad vial. Cuando los conductores desconocen si los procedimientos que sustentan las multas que reciben son legítimo, se erosiona la percepción de justicia del sistema sancionatorio y se genera un clima de desconfianza hacia las autoridades de tránsito. Además, la falta de controles adecuados en la operación de sistemas de fotodetección puede traducirse en errores en la medición de velocidades, deficiencias en la captura de imágenes o inconsistencias en la identificación de vehículos, situaciones que vulneran el derecho al debido proceso de los sancionados. El impacto económico para las familias colombianas, muchas de las cuales enfrentan dificultades financieras, se vuelve aún más grave cuando las multas podrían estar fundamentadas en procedimientos irregulares. La ausencia de una supervisión técnica rigurosa por parte de las autoridades competentes plantea interrogantes sobre el rol de los organismos de control y la efectividad de los mecanismos de veeduría ciudadana.
De cara al futuro, los hallazgos de esta auditoría exigen una reestructuración profunda de los procesos de autorización y vigilancia de los sistemas de fotodetección en Colombia. Las autoridades nacionales deben establecer protocolos claros y uniformes para la contratación, instalación, calibración y certificación de estos dispositivos, así como mecanismos de auditoría periódica que garanticen el cumplimiento de los estándares técnicos y legales. Resulta fundamental que se revise la situación de los comparendos emitidos bajo procedimientos irregulares, implementando procesos de revisión que permitan a los ciudadanos impugnar sanciones fundamentadas en sistemas no autorizados. La transparencia en la información sobre la ubicación, funcionamiento y estado de certificación de los radares debe convertirse en una obligación legal de los organismos de tránsito. El país necesita urgentemente una política de seguridad vial que combine tecnología confiable con procedimientos administrativos íntegros, donde la sanción funcione como herramienta pedagógica y no como mecanismo de recaudación sospechoso. La credibilidad del sistema de tránsito colombiano está en juego, y la reconstrucción de esa confianza requerirá acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
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