ONU, OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia dicen estar preocupadas por ‘grave deterioro’ de la seguridad en el Catatumbo, Norte de Santander
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La masacre de seis personas en la carretera que conecta a los municipios de Ocaña y Ábrego, en el departamento de Norte de Santander, no es un episodio aislado sino el síntoma visible de una crisis territorial que Colombia ha venido arrastrando durante décadas y que la terminación del conflicto armado no logró disolver en las zonas rurales más vulnerables del país. La región santandereana, históricamente convertida en corredor estratégico para el control de rutas de narcotráfico y flujo de armas, ha experimentado un incremento sostenido de homicidios en los últimos tres años, según cifras de la Fiscalía General de la Nación que ubican al departamento como uno de los más afectados por la violencia postacuerdos. Los municipios de Ocaña y Ábrego, fronterizos con Venezuela, se encuentran en una zona de disputa entre disidencias de las FARC, el ELN y grupos criminales que han buscado llenar el vacío territorial dejado por la desmovilización sin resolver las causas estructurales de la guerra: la tenencia de tierras, el acceso a semillas y mercados, y la ausencia de presencia estatal en amplios territorios de la sierra neotropical. Lo ocurrido en esa carretera es, en definitiva, una repetición perversa del modelo de violencia que desde la época de La Violencia ha utilizado el asesinato selectivo y masivo contra campesinos como herramienta de control social en regiones donde la economía depende de cultivos ilícitos o de la economía del hambre.
Los organismos de derechos humanos que se pronunciaron dos días después del episodio de sangre realizaron un ejercicio de denuncia que escapa del simple registro de hechos para entrar en el territorio de la responsabilidad institucional y la rendición de cuentas pendiente. Al señalar la debilidad del Estado frente a la violación sistemática de la vida en la región, esas organizaciones no solo hablan de una falla policial o militar inmediata, sino de una omisión estructural que se traduce en la impunidad como regla y no como excepción en los procesos judiciales que involucran a actores armados en la sierra santandereana. La represalia contra la población civil que transita por vías estratégicas se ha convertido en un método de intimidación que busca desplazar a los habitantes y facilitar el control territorial por parte de los grupos armados, un patrón que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado repetidamente como crimen de lesa humanidad cuando se ejecuta de manera sistemática y planificada. La tardanza de las instituciones en pronunciarse no es menor: dos días de silencio institucional frente a seis vidas perdidas reflejan una normalización de la violencia que debilita la confianza ciudadana en cualquier proceso de paz o de reconstrucción del tejido social en las zonas más alejadas de la agenda nacional.
Colombia atraviesa un momento de contradicción política donde el discurso de paz y transición se enfrenta a la realidad de un incremento en homicidios que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, superó los treinta mil casos en el último año con una concentración extrema en departamentos como Norte de Santander, Chocó y Putumayo. La masacre en la carretera Ocaña-Ábrego obliga a las autoridades a responder una pregunta que el país ha esquivado durante años: si la estrategia de seguridad del gobierno nacional está diseñada para proteger a la población o para contener a los actores armados en un equilibrio territorial que resulta favorable para los intereses económicos del narcotráfico y la minería ilegal. La ausencia de un plan de intervención diferencial para la sierra santandereana, donde las comunidades campesinas viven bajo amenaza permanente desde la firma del Acuerdo de La Habana, revela que la política de drogas y seguridad sigue priorizando la represión militar sobre la construcción de soluciones territoriales que garanticen la vida y el arraigo de quienes habitan en los municipios más alejados de la decisión política. Sin un cambio de paradigma en la forma de abordar la violencia en estas regiones, cada nuevo entierro será otro espejo que reflejará la incapacidad del Estado de cumplir su función primordial: garantizar la vida de sus ciudadanos sin importar el código postal que tengan.
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