Ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el presidente Gustavo Petro se reunirá con las autoridades de Misak y Nasa el lunes 25 de mayo
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En el corazón del departamento del Cauca, dos comunidades indígenas del suroccidente colombiano se enfrentan por la posesión de unas 9.000 hectáreas de tierra que ambas reclaman como propias bajo el amparo de derechos ancestrales. La disputa, que parece local en su dimensión geográfica, encarna una de las tensiones más profundas del ordenamiento territorial en Colombia: la coexistencia entre distintas cosmovisiones sobre la propiedad de la tierra y el reconocimiento que el Estado ha otorgado históricamente a las etnias del país. Los territorios del Cauca, especialmente en zonas de resguardo y de reserva, han sido escenario recurrente de litigios entre comunidades que, pese a compartir el mismo departamento y en muchos casos la misma identidad étnica, sostienen visiones distintas sobre la delimitación de sus territorios ancestrales. Este conflicto no es un hecho aislado, sino que refleja la persistencia de un marco legal y administrativo que ha sido incapaz de resolver de manera definitiva las reclamaciones territoriales indígenas, pese a la existencia de la Ley 21 de 1991 y de la sentencia del Constitucional sobre los derechos territoriales de los pueblos originarios.
Lo que está en juego trasciende la resolución de un litigio particular. Si la disputa se proyecta hacia instancias judiciales o administrativas, podría abrir un precedente que afecte la seguridad jurídica de otros resguardos y reservas en el país, donde comunidades distintas también comparten fronteras geográficas y mantienen reclamaciones cruzadas. Los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Registraduría han recibido solicitudes de intervención, aunque hasta la fecha no se ha anunciado una medida concreta que detenga el avance del conflicto. Los líderes de ambas comunidades han reiterado que la tierra no es un bien económico, sino un elemento simbólico y espiritual que sostiene su identidad como pueblos. La gobernación del Cauca y la Comisión Regional de Indígenas han intentado mediación, pero la polarización entre las partes hace que cualquier acuerdo sea difícil de alcanzar en el corto plazo. Este caso pone de manifiesto cómo la ausencia de un catastro étnico actualizado y de un registro de actas de posesión históricas facilita la multiplicación de estos conflictos en un país donde la tierra sigue siendo, para los pueblos originarios, el eje alrededor del cual gira toda su organización social y política.
La tendencia actual en el Cauca y en otros departamentos con alta concentración de comunidades indígenas es hacia un aumento de estos desacuerdos territoriales, impulsado tanto por la presión de actores externos como por las dinámicas internas entre las propias etnias. El Gobierno nacional, bajo la órbita del Ministerio de Cultura y de la Defensoría del Pueblo, ha comenzado a articular mesas de diálogo que incluyen a las comunidades en conflicto, aunque los resultados son lentos y escasamente visibles para la ciudadanía. Mientras tanto, la comunidad internacional vigila el caso como parte del escrutinio que Colombia recibe por su gestión de los derechos de los pueblos indígenas. Lo cierto es que sin una política pública integral que incluya la certificación de tierras, la delimitación participativa de territorios y la reparación de las demandas históricas de las etnias, estos conflictos seguirán reproduciéndose con regularidad en los departamentos del suroccidente y de la Amazonía colombiana, poniendo en riesgo la paz territorial que el país intenta construir tras décadas de conflicto armado.
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