La reacción de Federico Gutiérrez a la reactivación de la mesa de paz urbana: ‘La paz no puede depender de la ‘buena voluntad’ de estas estructuras’
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El alcalde de Medellín, en una audiencia pública reciente, emitió una dura crítica al sector de la justicia transicional, cuestionando la legitimidad y la eficacia de las estructuras criminales que, según él, continúan infiltrándose en los procesos de paz que el Estado ha venido impulsando desde 2016. Argumentó que la persistencia de grupos armados ilegales y su capacidad para ejercer presión sobre organismos judiciales y de seguridad ha generado una desconfianza palpable entre la ciudadanía, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto. Este pronunciamiento se inserta en un contexto de creciente polarización política, donde la administración municipal busca reforzar su agenda de seguridad integral, combinando inversiones en infraestructura urbana con la convocatoria a la comunidad para denunciar actos de intimidación y narcotráfico. El alcalde resaltó que la ausencia de una respuesta contundente por parte del gobierno nacional ha permitido que los grupos delictivos aprovechen vacíos legales y operen con relativa impunidad, lo que según su visión, compromete la credibilidad del acuerdo de paz y dificulta la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible y equitativo en la región antioqueña.
Por su parte, la senadora Íngrid Zuleta, perteneciente a la bancada progresista del Parlamento, defendió los avances alcanzados en la fase de implementación del Acuerdo de Paz, subrayando que, pese a los retos y los episodios de violencia residual, se han logrado importantes hitos en la desmovilización de facciones y en la reincorporación de excombatientes a la vida civil. Señaló que la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los programas de reparación integral han permitido que miles de víctimas accedan a mecanismos de verdad y reparación, lo cual ha sido fundamental para el proceso de reconciliación nacional. La senadora argumentó que la crítica del alcalde, aunque legítima dentro del marco democrático, podría deslegitimar los esfuerzos de institucionalidad y socavar la confianza en los organismos creados para garantizar la paz. Además, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional entre gobiernos locales y el Ejecutivo central, particularmente en materia de recursos financieros y técnicos, para garantizar la continuidad de los proyectos de desarrollo rural y la generación de empleo en áreas antes dominadas por economías ilícitas.
El contraste entre ambas posturas revela una tensión estructural entre las expectativas locales y las estrategias nacionales, que podría influir en la agenda legislativa futura y en la asignación presupuestaria del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior. Si el debate se traduce en un mayor escrutinio del proceso, podría impulsar reformas en la JEP, como la revisión de sus mecanismos de protección y la ampliación de su jurisdicción para cubrir actos cometidos después del Acuerdo, lo que a su vez podría generar resistencia por parte de sectores que temen una judicialización exhaustiva. Asimismo, la presión ejercida por gobiernos municipales como Medellín podría catalizar una revisión de los planes de seguridad territorial, fomentando la implementación de políticas de prevención basadas en la oferta de oportunidades educativas y laborales. En última instancia, la capacidad del Estado para articular una respuesta coordinada y basada en evidencias será determinante para consolidar la paz y evitar que la percepción de impunidad alimenta un retroceso hacia la violencia, condicionando así el futuro socioeconómico del país.
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