La concejal de Obando Mileidy Villada, que fue asesinada por sicarios, habría sido amenazada de muerte en la última semana: circuló un panfleto
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El asesinato de la cabildante que se desplazaba hacia el municipio vallecaucano de La Victoria a manos de sicarios se inscribe en una tendencia alarmante de violencia sistemática contra líderes sociales y comunitarios que persiste en Colombia siete años después de la firma del Acuerdo de Paz, con implicaciones profundas para la estabilidad institucional y la vigencia de los derechos territoriales en zonas rurales. Los cabildantes, ya sean miembros de cabildos indígenas reconocidos por la Constitución de 1991 como autoridades tradicionales con autonomía administrativa y judicial, o integrantes de los cabildos municipales que actúan como órganos de participación ciudadana en la gestión local, ejercen funciones clave en la mediación de conflictos territoriales y la vigilancia del cumplimiento de la inversión pública, lo que los convierte en blancos recurrentes de grupos armados ilegales que buscan controlar las dinámicas económicas y políticas en las regiones. Según datos preliminares de la Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el cierre de septiembre de 2024 se han registrado 42 homicidios de líderes locales en el país, una cifra que aunque es 12% menor a la reportada en el mismo periodo de 2023, mantiene a Valle del Cauca, Cauca y Antioquia como los departamentos con mayor incidencia, lo que evidencia que la reducción de la violencia no es homogénea y que la ausencia de presencia estatal efectiva en corredores rurales sigue siendo el caldo de cultivo ideal para la acción de sicarios contratados por actores que buscan silenciar el control social del territorio.
La selectividad del ataque contra la cabildante en La Victoria permite identificar dinámicas de control territorial que operan en el Norte del Valle del Cauca, una subregión atravesada por corredores de transporte de narcóticos hacia los puertos del Pacífico y donde convergen facciones disidentes de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz, frentes del ELN y estructuras de crimen organizado dedicadas a la extorsión, el microtráfico y el despojo de tierras, todos ellos actores que ven en las autoridades comunitarias electas un obstáculo para la consolidación de sus economías ilegales. Los cabildantes suelen liderar procesos de delimitación de resguardos indígenas, denunciar la expansión de cultivos de uso ilícito en zonas de amortiguación ambiental o rechazar las presiones de grupos armados para que los cabildos avalen contratos de obra pública con sobrecostos, lo que genera una confrontación directa con intereses que movilizan capitales multimillonarios y que recurren al sicariato como herramienta de disuasión sistemática contra la participación ciudadana. La falta de una política de seguridad territorial integral, que no se limite a esquemas de protección individuales gestionados por el Ministerio del Interior, sino que aborde la presencia de instituciones civiles en las zonas más apartadas, explica en gran medida la impunidad que rodea a estos crímenes: según la Fiscalía General de la Nación, solo el 18% de los homicidios de líderes sociales cometidos entre 2020 y 2023 ha obtenido una condena, lo que refuerza la percepción de impunidad que incentiva la repetición de ataques contra autoridades locales.
El homicidio de la cabildante en Valle del Cauca envía una señal preocupante sobre la fragilidad de los avances en la construcción de paz territorial, pues la eliminación de autoridades comunitarias legitima las estructuras de poder paralelo de los grupos armados y desincentiva la participación ciudadana en zonas donde el Estado apenas comienza a implementar proyectos de desarrollo rural contemplados en el Acuerdo de Paz, especialmente aquellos vinculados al Capítulo Étnico y a la reforma agraria integral. A nivel nacional, este tipo de crímenes profundiza la brecha de confianza entre las instituciones y las comunidades rurales, que perciben que el gobierno central no tiene capacidad de garantizar la seguridad de quienes ejercen funciones públicas sin recibir remuneración o con salarios mínimos, lo que podría derivar en una reducción de la postulación de candidatos a cargos de elección popular en los próximos comicios regionales de 2027, fortaleciendo así el control de facto de actores ilegales sobre la administración municipal. La respuesta de las autoridades nacionales a este caso, que debe incluir no solo la captura de los autores materiales e intelectuales, sino también la auditoría de los recursos de regalías asignados a La Victoria y la implementación de mesas de seguridad territorial con participación de las comunidades, será un indicador clave para evaluar si la política de “paz total” anunciada por el gobierno de Gustavo Petro logra trascender los anuncios discursivos y abordar las causas estructurales de la violencia contra líderes sociales.
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