La Alcaldía de Chía abre jornada especial para tramitar nuevos pasaportes: habrá 1.450 cupos disponibles; requisitos y todo lo que debe saber
TMadmin 
La reciente directiva que exige que menores de 7 a 17 años presenten su propia tarjeta de identidad o contraseña para expedir documentos representa un avance significativo en la modernización del sistema de identificación colombiano, pero también expone las profundas desigualdades estructurales que persisten en el territorio nacional. Mientras que en centros urbanos como Bogotá o Medellín la digitalización avanza vertiginosamente, regiones como Chocó o el Catatumbo enfrentan déficits críticos en infraestructura digital y acceso a tecnologías, convirtiendo esta medida en un obstáculo práctico para miles de familias con escasos recursos. Este requisito, aunque busca fortalecer la seguridad documental y combatir fraudes, podría inadvertentlyemente restringir el acceso a derechos fundamentales para niños y adolescentes en zonas rurales o de alta vulnerabilidad, donde la brecha digital es abismal y los procesos burocráticos aún dependen de mecanismos físicos tradicionales, evidenciando la desconexión entre las políticas nacionales y la realidad local.
Desde una perspectiva sociopolítica, esta normativa refleja un esfuerzo del gobierno por homologar estándares de identidad con tendencias globales, pero también plantea dilemas éticos sobre la autonomía de menores y la carga administrativa que recae sobre sus familias. La exigencia de una contraseña personal, por ejemplo, presupone un nivel de alfabetización digital que no es universal en una nación donde el 47% de los hogares aún no cuenta con internet fijo, según datos del DANE. Este escenario podría generar exclusiones en servicios esenciales como salud o educación, especialmente entre comunidades indígenas y afrocolombianas donde las barreras idiomáticas y culturales se suman a las tecnológicas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) debe implementar estrategias de acompañamiento masivo para evitar que esta política se convierta en un nuevo factor de desigualdad, recordando que la protección de la identidad infantil no debe depender del acceso a recursos digitales que muchos aún carecen.
El futuro del sistema de identificación en Colombia dependerá de cómo se equilibren la innovación tecnológica con la inclusión social. Esta medida, si se acompaña de inversiones en infraestructura educativa y digital en regiones marginadas, podría sentar bases para una ciudadanía digital más robusta y transparente. Sin embargo, persiste la necesidad de protocolos alternativos para casos de emergencia o vulnerabilidad extrema, donde la biometría tradicional o la intervención de guardianes legales podrían actuar como salvaguardas. La verdadera prueba será evaluar el impacto en las tasas de cobertura de documentos menores y la reducción de la informalidad, especialmente en contextos postconflicto donde la identidad es pilar para la reincorporación y acceso a oportunidades. Solo un enfoque diferencial que reconozca la diversidad nacional evitará que la modernización se convierta en nuevo instrumento de exclusión.
About The Author
