La Alcaldía de Cali presentará denuncias judiciales por vandalismo a bienes públicos con grafitis políticos
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Durante la primera Rendición de Cuentas de 2026, el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, anunció la aplicación de sanciones bajo el Código de Policía, una medida que refleja la creciente presión del gobierno nacional por reforzar el orden público ante la escalada de delitos urbanos y la percepción de impunidad. Este anuncio se produce en un contexto donde los indicadores de criminalidad han mostrado un aumento del 12% en los últimos dos años, especialmente en los municipios de la región Caribe y en áreas periurbanas de la región Andina, donde la presencia de bandas criminales y el contrabando de armas son fenómenos persistentes. La decisión de Garcés se alinea con la estrategia de “Seguridad Integral” del presidente, que busca combinar acciones de prevención, represión y fortalecimiento institucional, pero también ha sido criticada por sectores de derechos humanos que consideran que el uso intensivo del Código de Policía podría vulnerar garantías constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
El anuncio de sanciones ha generado un debate amplio en el Congreso, donde las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos intentan equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de libertades civiles. Los parlamentarios de la oposición argumentan que la aplicación de multas y restricciones bajo el artículo 45 del Código de Policía, que permite la clausura temporal de establecimientos por alteraciones al orden público, puede convertirse en una herramienta de cooptación política, especialmente en contextos de protestas sociales vinculadas a la reforma tributaria y a la reforma agraria. Por otro lado, los partidos de la gobernación defienden la medida como una respuesta necesaria para evitar la “normalización” de la violencia en espacios públicos, citando estudios del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) que indican una correlación entre la falta de sanciones efectivas y el aumento de la reincidencia delictiva. Este enfrentamiento legislativo pone de relieve la complejidad de articular políticas de seguridad que respeten los marcos legales internacionales y, al mismo tiempo, respondan a la sensación de inseguridad que reporta el 68% de la población en la última encuesta del Observatorio de Seguridad Ciudadana.
En perspectiva, la estrategia de Garcés podría marcar un punto de inflexión en la política de seguridad del país, pues si bien la aplicación de sanciones bajo el Código de Policía puede ofrecer resultados inmediatos en la reducción de comportamientos incívicos, su efectividad a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado para acompañarla con programas de inclusión social, educación y desarrollo económico en los territorios más vulnerables. La experiencia de otras naciones latinoamericanas muestra que la mera criminalización sin inversión en prevención estructural tiende a generar ciclos de violencia y desconfianza institucional. Por lo tanto, la observación de indicadores como la tasa de criminalidad, la percepción de seguridad y la incidencia de denuncias de violaciones a derechos humanos será crucial para evaluar si la política anunciada por Garcés constituye un avance sostenible o una medida paliativa que, si se mantiene sin ajustes, podría alimentar nuevos conflictos sociales en los próximos años.
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