Habitantes de dos municipios de Nariño viven el flagelo del desplazamiento forzado por los fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales
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En el contexto de la represión armada que se ha intensificado en los últimos meses, la ciudad de Sotomayor, en la provincia de Los Andes, ha implementado restricciones de movilidad y toque de queda con el objetivo de controlar los desplazamientos y minimizar la presencia de grupos armados en la zona. La medida, respaldada por las autoridades locales y la policía nacional, refleja la creciente preocupación por la violencia y el riesgo de emboscadas a civiles, aunque su eficacia sigue siendo cuestionable ante la falta de recursos y cobertura adecuada en los corredores de tráfico. La ciudadanía ha reaccionado con cautela, ya que si bien las limitaciones buscan proteger la vida, también generan costos económicos y sociales al truncar actividades productivas, especialmente en un entorno donde la economía depende en gran parte de la agricultura y el informal comercio circundante.
Paralelamente, la localidad de Linares, también situada en el departamento de Los Andes, ha visto a cerca de cien familias optar por la huida forzada de la zona de conflicto armado, buscando refugio en entidades de protección social y en centros de atención a desplazados internos. La migración de hogares no solo es un reflejo de la inseguridad que persiste en la región, sino que también indica la profundidad de la crisis humanitaria, evidenciada por la insuficiencia de servicios básicos y la falta de reconocimiento jurídico de las víctimas. El desplazamiento masivo reconfigura la demografía local, sobrecargando los recursos en los centros de acogida y afectando la cohesión social de comunidades vinculadas a la producción agrícola, con repercusiones directas en la producción de alimentos y la estabilidad económica de la región.
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