El informe de los principales gremios energéticos de Colombia revela que el déficit hídrico, elemento crítico en la generación eléctrica del país, podría obligar a una recurre más acentuada a la fuente térmica, principalmente térmica de carbón y gas natural. La Comisión de Energía y las distintas asociaciones de productores han advertido que, dadas las proyecciones climáticas de elongación de la sequía en regiones clave como el Caribe y el Eje Cafetero, el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas —que suministran aproximadamente el 60 % de la capacidad instalada— estará limitado. Esta sobrecarga térmica no solo incrementará los costes operativos y los precios de la energía, sino que también acentuará la huella de carbono del sector, generando un contraste directo con los compromisos de la COP28 y los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. La dependencia de energías térmicas, con mayor generación de emisión de CO₂ y gases de efecto invernadero, subraya la urgente necesidad de fortalecer la matriz renovable, especialmente las eólicas y solares, y de mejorar la eficiencia en el uso del agua en la industria.
Este escenario también implica un cambio de paradigma en la política energética colombiana. La nueva reforma del Marco Regulatorio de Petróleos, que contempla un mayor uso de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCS), se ve obligada a tomar una actitud más realista respecto a los escenarios de emergencia hídrica. Además, el aumento en la demanda de plantas térmicas podría provocar una congestión en la red, obligando al Estado a invertir masivamente en infraestructura de redistribución de energía y en sistemas de respaldo autónomos. A nivel social, las zonas rurales, que dependen en gran medida de la generación hidroeléctrica para su sostenibilidad, se enfrentarán a un aumento de los precios de la electricidad y a la incertidumbre de la asistencia básica. Es fundamental que el gobierno intente afianzar los programas de gestión del agua y el desarrollo de infraestructuras hidrodinámicas resilientes, vinculando estos esfuerzos a la agenda climática nacional y a los compromisos de reducción de emisiones.
El destino de la generación eléctrica colombiana, en el contexto de la transición energética, se pone a prueba por la amenaza inminente del déficit hídrico que amenaza con reconfigurar la combinación de fuentes. Si bien la adopción de plantas térmicas parece una medida de emergencia necesaria, su implementación conlleva un costo económico y ambiental considerable. A corto plazo, las autoridades deberán balancear rápidamente la seguridad del suministro con la sostenibilidad ambiental, planteándose la pregunta de si el sistema energético colombiano puede adaptarse sin comprometer la cobertura y la equidad. A largo plazo, la veracidad de la analítica normativa y la resiliencia sistémica dependerán de qué tan eficaz sea la respuesta institucional, la capacidad de capacidad de la sociedad y la disponibilidad de nuevas tecnologías limpias para reducir el papel de las fuentes térmicas y reforzar la confiabilidad de la red eléctrica ante futuros episodios de sequía.




