Esto dijo Dimar sobre la extensa mancha cobriza que tiñó la bahía de Cartagena: se adelantan los análisis de laboratorio
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La recurrencia de episodios anómalos en la bahía documentada en registros históricos, vinculada directamente a incrementos sostenidos en la temperatura superficial del agua, no constituye un fenómeno aislado sino un indicador temprano de las transformaciones estructurales que el cambio climático está imponiendo sobre los ecosistemas marinos de Colombia, un país con 2.900 kilómetros de costas divididas entre el Caribe y el Pacífico que albergan el 10% de la biodiversidad marina global según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Estudios previos de la entidad han evidenciado que las anomalías térmicas en cuerpos de agua costeros colombianos han aumentado en 0,8 grados Celsius en las últimas tres décadas, un ritmo superior al promedio global, lo que explica por qué eventos que hace veinte años se consideraban excepcionales ahora se repiten con ciclos de cinco a siete años, afectando no solo la salud de los arrecifes de coral sino también las dinámicas de las comunidades pesqueras que dependen de la bahía para su subsistencia. La falta de actualización de los planes de gestión ambiental costera a nivel nacional, que siguen priorizando acciones reactivas ante episodios de mortandad marina en lugar de estrategias de adaptación proactiva basadas en ciencia climática, ha profundizado la vulnerabilidad de estos territorios frente a un fenómeno que ya no es una eventualidad sino una constante en el calendario ambiental del país.
El análisis de las causas detrás de estos incrementos térmicos recurrentes en la bahía revela una convergencia entre factores globales y decisiones de política pública nacional que han agravado el impacto local, desde la deforestación de manglares en las zonas de amortiguamiento de la bahía, que han reducido la capacidad de absorción de carbono y regulación térmica natural, hasta el dragado intensivo realizado para el mantenimiento de puertos comerciales que altera la circulación de aguas frías profundas, exponiendo la superficie a mayores niveles de radiación solar. A nivel nacional, estas dinámicas chocan con las metas asumidas por Colombia en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) bajo el Acuerdo de París, que incluye la protección del 30% de sus ecosistemas marinos para 2030, una meta que se ve amenazada por la falta de recursos asignados en el presupuesto general de la nación para la investigación oceanográfica y el monitoreo en tiempo real de las variables térmicas en zonas costeras. El impacto económico de estos episodios, que han sido responsables de pérdidas acumuladas por más de 120.000 millones de pesos en el sector pesquero y turístico nacional en la última década según cifras de la Cámara Colombiana de Turismo, evidencia que la inacción frente a estas señales no solo tiene costos ambientales sino también sociales, al afectar los medios de vida de más de 40.000 familias que dependen directamente de las actividades vinculadas a la bahía en cuestión y en otras zonas costeras similares del territorio nacional.
La proyección de estos episodios recurrentes en la bahía hacia el futuro inmediato del país plantea retos sin precedentes para la gobernanza ambiental colombiana, pues las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) compatibles con los modelos del IDEAM anticipan que para 2050 la temperatura superficial del agua en las costas colombianas aumentará en promedio 1,5 grados Celsius, lo que convertirá estos eventos anómalos en ocurrencias anuales con efectos irreversibles para los ecosistemas de manglares, pastos marinos y arrecifes que sostienen la biodiversidad marina nacional. La incapacidad de las instituciones nacionales para integrar estos registros históricos de la bahía en los planes de desarrollo departamentales y municipales refleja una fragmentación en la gestión pública que prioriza proyectos de infraestructura costera de corto plazo sobre la resiliencia climática de largo plazo, una dinámica que amenaza con desplazar a comunidades pesqueras enteras hacia centros urbanos periféricos, generando presión adicional sobre los sistemas de salud y vivienda de ciudades como Cartagena, Buenaventura o Santa Marta. El hecho de que episodios similares ya se hayan presentado en años anteriores en esta y otras bahías del país no debe interpretarse como una normalización del fenómeno, sino como una advertencia urgente de que los mecanismos de alerta temprana y los fondos de adaptación climática aprobados en el Congreso de la República siguen sin operar con la celeridad necesaria para evitar que el costo humano, económico y ambiental de estas anomalías térmicas supere la capacidad de respuesta del Estado colombiano en las próximas décadas.
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