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La afirmación pública de Estados Unidos de que el marco de alto el fuego en la región del Golfo Pérsico se mantiene intacto pese a los ataques iraníes con misiles balísticos y drones contra objetivos de grupos proscritos en el norte de Irak y el este de Siria durante los últimos dos días revela una deliberada ambigüedad estratégica diseñada para evitar el colapso de los frágiles canales de desescalada mientras se mantiene la presión sobre las redes de influencia regional de Teherán. Esta postura está arraigada en el esfuerzo de décadas de Washington por preservar su hegemonía en el Medio Oriente, una prioridad que se ha intensificado a medida que la administración Biden navega presiones electorales y una creciente competencia con China y Rusia, que han profundizado sus lazos bilaterales de seguridad y economía con Irán en los últimos años, incluida su integración en la Organización de Cooperación de Shanghái como miembro pleno en 2023. Para Colombia, país que depende de precios energéticos globales estables para sostener su equilibrio fiscal dado que las exportaciones de petróleo aún representan el 12% de las exportaciones totales nacionales y las interrupciones en el suministro de Medio Oriente dispararían los precios en las gasolineras locales, la preservación de este tenue alto el fuego no es una curiosidad geopolítica lejana, sino un determinante directo del poder adquisitivo de los hogares y la estabilidad del presupuesto público.
El ciclo actual de intercambios cinéticos de baja intensidad entre fuerzas alineadas con Estados Unidos y actores iraníes tiene sus raíces en la retirada estadounidense de 2018 del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) y la posterior implementación de la campaña de máxima presión de Donald Trump, que obligó a Teherán a pivotar por completo a estrategias de disuasión asimétrica, incluida la expansión de su red de proxies estatales no estatales en el Levante, Mesopotamia y la Península Arábiga, así como el profundizamiento de su integración diplomática y económica con bloques antihegemónicos en el Sur Global. Esta trayectoria histórica tiene implicaciones directas para América Latina, donde Irán ha cultivado alianzas estratégicas con gobiernos de izquierda en Venezuela, Nicaragua y Bolivia durante las últimas dos décadas, estableciendo empresas conjuntas de energía, proyectos de infraestructura e incluso acuerdos de cooperación militar que Washington ha considerado durante mucho tiempo una intrusión en su esfera de influencia tradicional en el Hemisferio Occidental. Colombia, bajo la administración Petro, ha buscado mantener una postura no alineada en conflictos globales, pero la tensión entre sus lazos bilaterales de seguridad históricos con Estados Unidos y su reciente impulso para reincorporarse a mecanismos de integración regional como UNASUR y CELAC crea un acto de equilibrio delicado: cualquier escalada del conflicto EE. UU.-Irán que desencadene sanciones secundarias a entidades que hagan negocios con Teherán podría obligar a Bogotá a elegir entre su acceso a la ayuda estadounidense para el desarrollo y sus compromisos de diálogo multilateral con socios del Sur Global.
La sostenibilidad a largo plazo del actual acuerdo de alto el fuego dependerá en gran medida del resultado de las negociaciones indirectas EE. UU.- Irán mediadas por Omán y Qatar, que han quedado estancadas debido a la demanda de Teherán de garantías contra futuros ataques cinéticos israelíes y la insistencia de Washington en el retroceso del programa de enriquecimiento de uranio iraní a niveles previos a 2018, una desconexión que destaca la erosión de la influencia diplomática de Estados Unidos en la región a medida que las monarquías del Golfo persiguen cada vez más sus propias políticas exteriores independientes, incluida una tímida aproximación a Teherán que reduce su dependencia de las garantías de seguridad estadounidenses. Para América Latina, y Colombia específicamente, este cambio multipolar crea nuevas oportunidades para diversificar las alianzas diplomáticas y comerciales más allá de los bloques occidentales tradicionales, pero también plantea riesgos de quedar atrapado en fuegos cruzados de sanciones secundarias si Bogotá avanza en el fortalecimiento de lazos con actores vinculados a Irán en la región. El objetivo declarado de la administración Petro de reorientar la política exterior colombiana hacia el “no alineamiento activo” será puesto a prueba en los próximos meses, mientras el Congreso de EE. UU. debate nuevos paquetes de sanciones dirigidos a los proxies regionales de Irán, que podrían afectar inadvertidamente las exportaciones agrícolas colombianas a mercados de Medio Oriente o los flujos de remesas de migrantes colombianos que trabajan en los estados del Golfo, que totalizaron más de 1.2 billones de dólares en 2023. Esta compleja red de interdependencias subraya que ningún evento geopolítico en el Golfo Pérsico permanece aislado de las realidades cotidianas de los ciudadanos colombianos, independientemente de lo distante que parezca el conflicto geográficamente.
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