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La presencia inmediata de autoridades de movilidad y gestión del riesgo en el sitio de un siniestro vial responde a un protocolo estandarizado que busca garantizar la atención oportuna de heridos, el despeje seguro de vías y la preservación de evidencias para las investigaciones técnicas correspondientes, pero este escenario rutinario en las carreteras y calles del país esconde una crisis estructural de seguridad vial que ha convertido a Colombia en uno de los países con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en América Latina, según datos de la Organización Panamericana de la Salud que ubican la tasa nacional en 16.5 fallecidos por cada 100.000 habitantes, superando el promedio regional de 14.2, con cifras del Ministerio de Transporte que indican que solo en 2023 se registraron 7.349 siniestros fatales que dejaron 8.127 muertes, de las cuales el 62% ocurrieron en zonas urbanas y estuvieron vinculadas a factores recurrentes como exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, deterioro de la malla vial, flotas de transporte público y de carga con más de 15 años de antigüedad y deficiencias en la señalización, lo que demuestra que la respuesta institucional sigue siendo mayoritariamente reactiva pese a los reclamos de la sociedad civil para priorizar políticas de prevención que incluyan inversión en infraestructura segura, educación vial y control riguroso de infracciones.
La naturaleza descentralizada de la gestión de movilidad en Colombia, donde los municipios tienen autonomía sobre las regulaciones de tránsito locales pero a menudo carecen de capacidad técnica y financiera para implementar planes integrales de seguridad, genera resultados desiguales entre territorios: mientras Bogotá, Medellín y Cali cuentan con sistemas avanzados de cámaras de velocidad, infraestructura peatonal y monitoreo del transporte público, municipios pequeños en la Costa, el Pacífico y la Amazonía registran tasas de mortalidad vial hasta tres veces superiores a la nacional, agravadas por la falta de presencia de autoridades de gestión del riesgo en zonas rurales donde las carreteras destapadas y el transporte informal irregular son la norma, y donde la atención de siniestros se demora en promedio 45 minutos más que en centros urbanos, según el informe anual de la Defensoría del Pueblo sobre movilidad, lo que evidencia que la presencia de autoridades en el sitio de un accidente, aunque necesaria, no compensa las brechas estructurales en la planeación territorial que han dejado a millones de colombianos sin acceso a vías seguras ni a servicios de emergencia oportunos, un problema que se agrava con la precariedad del sistema de salud en zonas periféricas, donde la atención de traumas viales colapsa las capacidades de hospitales locales por falta de especialistas y equipos médicos adecuados.
El gobierno nacional ha incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 la meta de reducir en un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito para el final del periodo, una apuesta que requiere no solo fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades de movilidad y gestión del riesgo, sino también reformar la Ley de Tránsito para aumentar las sanciones a infracciones graves, prohibir la circulación de vehículos de carga y transporte público con más de 20 años de antigüedad y destinar el 10% de los recaudos por multas de tránsito exclusivamente a proyectos de infraestructura peatonal y ciclovial, pero los avances a dos años de la implementación de la política son marginales: el presupuesto asignado a seguridad vial en 2024 fue de apenas 0.3% del total del Ministerio de Transporte, y la mayoría de las alcaldías no han actualizado sus planes de movilidad segura, lo que sugiere que la presencia de autoridades en los sitios de siniestros seguirá siendo la norma mientras no se aborden las causas estructurales que convierten a los desplazamientos cotidianos en un riesgo vital para millones de colombianos, con un costo económico que el Departamento Nacional de Planeación estima en 2.1% del PIB anual por pérdida de vidas, gastos médicos y daños materiales, una carga que recae de manera desproporcionada en los sectores de menores ingresos que dependen del transporte público y la movilidad no motorizada.
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