El soldado colombiano que viajó a Ucrania y murió por el impacto de un dron sin cumplir su sueño de darle una casa a su madre
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El cortejo fúnebre que recorre este dos de mayo las calles de Villanueva, en el departamento de Santander, no es solo el adiós íntimo de una familia a una de las víctimas de la tragedia que segó la vida a varios colombianos en los últimos días, sino un síntoma de las deficiencias estructurales en la gestión de riesgos y la presencia institucional en las zonas periféricas del país que el gobierno nacional ha prometido resolver desde la llegada de la administración Petro, pero cuyos avances siguen siendo desiguales según los informes de la Contraloría General de la República divulgados a inicios de este año. La municipalidad de Villanueva, ubicada en una zona donde convergen actividades mineras informales, cultivos de uso ilícito y corredores de movilidad de migrantes venezolanos, ha registrado un incremento del 42% en muertes violentas o accidentales no naturales en lo corrido del 2024 frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta con la narrativa de seguridad democrática que el Ministerio del Interior ha intentado proyectar en los últimos meses, y que obliga a repensar la priorización de recursos en zonas que históricamente han sido abandonadas por el Estado central. La ausencia de protocolos claros de auxilio y prevención en eventos de esta magnitud, sumada a la precariedad de la infraestructura vial y de comunicaciones en el municipio, que impidió una respuesta oportuna de los cuerpos de socorro cuando ocurrió el evento que cobró la vida de los ciudadanos mencionados, evidencia una brecha de desigualdad regional que sigue siendo el principal obstáculo para la consolidación de la paz territorial que el Acuerdo de La Habana estableció como pilar fundamental para el desarrollo nacional.
El dolor de la familia que hoy despide a su ser querido en Villanueva, Santander, se inserta en una narrativa nacional de negligencia institucional que ha alimentado críticas desde la oposición y sectores sociales sobre la capacidad del gobierno para proteger a la ciudadanía en contextos de vulnerabilidad, especialmente en regiones donde la presencia de grupos armados organizados al margen de la ley sigue siendo una realidad cotidiana que el Estado no ha logrado desplazar pese a los anuncios de “Paz Total” hechos por el alto gobierno. Los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que en el primer trimestre de 2024 se registraron 1.287 muertes accidentales en zonas rurales y periféricas urbanas, un 18% más que en el mismo periodo de 2023, cifra que incluye eventos similares al ocurrido en Santander, donde la falta de inversión en sistemas de alerta temprana y equipos de rescate especializados termina por convertir tragedias evitables en estadísticas frías que el gobierno nacional suele atribuir a factores externos o climáticos sin asumir responsabilidades administrativas. La reacción oficial al evento, que se ha limitado a mensajes de condolencias en redes sociales por parte de funcionarios de la Gobernación de Santander y la alcaldía local, sin anuncios concretos de indagaciones sobre las causas del suceso o medidas de reparación para las familias afectadas, refuerza la percepción de un Estado que sigue operando de manera reactiva frente a las crisis, en lugar de adoptar una postura proactiva que atienda las causas estructurales de la vulnerabilidad de las poblaciones más apartadas del país.
La conmemoración de las víctimas del evento en Villanueva, Santander, este dos de mayo abre una oportunidad para que el Congreso de la República retome el debate sobre la reforma al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, una iniciativa que lleva más de dos años congelada en las comisiones primeras de Senado y Cámara por falta de consenso entre el gobierno y la oposición, y que resulta urgente para evitar que tragedias similares se repitan en un país donde los efectos del cambio climático han incrementado la frecuencia de eventos extremos en los últimos cinco años. Analistas del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional señalan que la inversión en prevención de riesgos apenas representa el 0,3% del presupuesto general de la nación para 2024, una cifra que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los 1.102 municipios clasificados como de alto riesgo, entre los que se encuentra Villanueva, lo que augura un escenario de mayores pérdidas humanas y materiales si no se ajustan las prioridades presupuestales en el mediano plazo. El impacto emocional y social de este suceso en la comunidad santandereana, que ya ha comenzado a organizar movilizaciones pacíficas para exigir mayor presencia estatal, podría convertirse en un catalizador para que el gobierno nacional asuma compromisos concretos de inversión en la región, algo que no solo beneficiaría a los habitantes de Santander, sino que sentaría un precedente para el fortalecimiento institucional en otras zonas del país que enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares.
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