La muerte de Aleksánder Valencia, una ex‑partidaria comprometida con la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana, puso en relieve las mediaciones vulnerables que sostienen el tejido de la movilización social colombiana. Se estima que el número de personas vinculadas a la causa de la protección de la memoria de los desaparecidos en el país supera las 100.000, y la frustración ante la ausencia de sus familiares amenaza con fragmentar la coherencia del movimiento y generar rupturas internas que dificultarán la consolidación de las reformas propuestas por la política de reconciliación. Este caso resaltó el riesgo inherente de las negociaciones de los acuerdos de Paz y cómo la violencia puede colapsar las plataformas de la justicia política y restaurar la desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.
El crisis creciente que afronta la extrapolación de la ausencia de Nicolás, el hijo de la víctima y quien en las últimas semanas había representado la figura de la reunificación familiar, acentúa la absoluta falta de trazabilidad de las casadas, entre las cuales el número de víctimas delictivas vinculadas a la violencia política sube a un 85% en la última década. En la inestable coyuntura poblacional, la población migratoria que se aferra con frenos a la Ciudad de la verdad necesita profundizar su conocimiento en un subvenir de la justicia participativa basándose en la experiencia del sistema judicial de juicio de la “Maid”.




