Dudas por medida cautelar para que Emcali incluya en factura cobro que sería adicional a 154.000 usuarios para un tercero: ‘Ojo con doble facturación’
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La Alcaldía de Cali anunció ayer la adopción de una estrategia institucional para reexaminar el modelo de gestión de Emsirva, la empresa encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en el Valle del Cauca, tras meses de protestas ciudadanas y críticas por la calidad del agua potable y la falta de inversión en infraestructura. El secretario de Planeación, Jorge Valencia, afirmó que la revisión integral incluye el análisis de contratos vigentes, la auditoría de gastos públicos y la evaluación de la interventoría que actualmente ejerce la Superservicios, entidad que, según fuentes de la administración, no ha cumplido con los protocolos establecidos para garantizar la transparencia en el proceso de devolución de recursos. Esta decisión marca un giro en la política pública del municipio, donde la presión ciudadana ha conversionsido el tema en un referente de accountability y rendición de cuentas ante los derechos fundamentales de los habitantes.
El anuncio generó un clima de expectativas en el sector, particularmente entre los más de 200 mil ciudadanos que, según el Instituto Nacional de Estadística, padecen interrupciones frecuentes del servicio en zonas periféricas como Los Ángeles, El Poblado y La Cumbre. Analistas en políticas públicas señalan que esta situación refleja una crisis estructural más amplia en el servicio de agua en ciudades medianas del país, donde la dependencia de modelos concesionarios ha generado desequilibrios entre la rentabilidad empresarial y la cobertura universal. El contexto nacional, marcado por reformas tributarias y el debate sobre la reactivación económica post-pandemia, sugiere que la decisión de Cali podría sentar precedente para otras administraciones locales que enfrentan similares desafíos. La interventoría actual de Emsirva, ejecutada por la empresa privada Servisport, ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanales por su falta de transparencia en la asignación de recursos.
Mientras el debate institucional se desarrolla en los patios administrativos, el Congreso Nacional recibe presión para reformar la normativa que rige las interventorías en servicios públicos, especialmente en sectores críticos como el agua potable, donde la crisis de confianza ciudadana ha ido en aumento. El ministro del Medio Ambiente, Carlos Ruiz, afirmó ayer en una rueda de prensa que el gobierno nacional está preparando una hoja de ruta para regularizar el sector, incluyendo el fortalecimiento del Sistema de Información de Servicios Públicos Diferenciados (SISPD) y la creación de un fondo de compensación para municipios afectados por incumplimientos contractuales. Para 2024, analistas esperan que la Corte Constitucional emita una sentencia que defina los límites entre la interventoría estatal y la gestión privada, un tema que podría redefinir el mapa institucional del servicio de agua en el país. La paciencia ciudadana, sin embargo, tiene un precio: según el Centro de Pensamiento sobre Desarrollo Urbano, cada día de retraso en la resolución de estos casos cuesta al país más de 150 millones de pesos en costos sociales y productivos.
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