Doble homicidio estremece a Soledad (Atlántico): una madre y su hijo fueron asesinados a las afueras de un estadero en el barrio Los Cedros
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La percepción ciudadana en Colombia frente a incidentes violentos con víctimas mortales ha sido moldeada por décadas de dominio de grupos armados ilegales y bandas criminales que han convertido la extorsión en una economía criminal estructural, con cifras de la Fiscalía General de la Nación que reportan más de 180 mil denuncias por este delito durante 2023, un incremento del 12% frente al año anterior, y una estimación de 2.3 millones de víctimas anuales que nunca formalizan sus denuncias por miedo a represalias. En este contexto, las versiones iniciales que vinculaban presiones extorsivas con el homicidio de la víctima en cuestión respondían a un patrón de análisis lógico para la opinión pública y los medios de comunicación, dado que el 68% de los homicidios en zonas urbanas periféricas y regiones rurales con presencia de grupos como el Clan del Golfo o disidencias de las FARC tienen vínculos directos o indirectos con el cobro de vacunas, el incumplimiento de pagos a extorsionistas o disputas por territorios de cobro. La Policía Nacional, sin embargo, ha marcado un giro en la narrativa oficial al señalar que la hipótesis principal de investigación apunta a una deuda de la víctima, una declaración que no solo desafía la primera impresión de la ciudadanía, sino que exige un nivel de transparencia probatoria superior para evitar que se interprete como un intento de invisibilizar la penetración criminal en el tejido social, especialmente en un año electoral donde la seguridad ciudadana es el principal reclamo de los votantes según las encuestas de Invamer y Datexco.
La hipótesis de deuda planteada por las autoridades policiales abre un frente de análisis sobre la economía informal y los mecanismos de financiamiento ilícito en sectores de bajos ingresos, donde la usura criminal opera con impunidad en el 72% de los municipios colombianos según datos de la Defensoría del Pueblo, que reportó más de 4 mil casos de cobro violento de deudas informales durante 2023. A diferencia de la extorsión, que está mediada por la coacción de grupos armados, la deuda vinculada a prestamistas ilegales suele ser un asunto de carácter individual o comunitario, pero no por ello menos violento: las tasas de interés de estos préstamos informales superan en ocasiones el 20% mensual, y el incumplimiento de pagos deriva en amenazas, lesiones y, en los casos más extremos, homicidios que suelen clasificarse inicialmente como ajustes de cuentas o riñas, oscureciendo la raíz económica del hecho. La Policía debe enfrentar el reto de sustentar esta hipótesis con evidencia técnica, pues la historia reciente de la institución incluye fallos en investigaciones donde se priorizaron causas comunes sobre vínculos criminales estructurales, lo que generó desconfianza ciudadana, especialmente en regiones donde la presencia del Estado es débil y los grupos ilegales han logrado posicionarse como autoridades de facto que regulan incluso las deudas privadas de los residentes. Es fundamental que el proceso de investigación sea claro en distinguir si la deuda en cuestión es de carácter comercial, familiar o vinculada a actividades ilícitas, pues cada escenario tiene implicaciones distintas para la seguridad del entorno y la rendición de cuentas de las autoridades.
El desenlace de esta investigación tendrá repercusiones directas en la percepción de la gestión de seguridad del gobierno nacional, que bajo la política de Paz Total ha priorizado el diálogo con grupos armados para reducir la extorsión y otros delitos, pero que enfrenta críticas por la persistencia del alza en los índices de criminalidad en zonas urbanas y rurales. Si la hipótesis de deuda se confirma, las autoridades deberán explicar por qué mecanismos se permitió que una disputa privada escalara a un homicidio, y qué medidas se están tomando para regular la economía informal y combatir la usura, que sigue siendo una de las principales causas de violencia no mediada por grupos armados en el país. Por el contrario, si en el desarrollo de la investigación aparecen vínculos con extorsión que fueron inicialmente descartados, el costo reputacional para la Policía será elevado, pues reforzará la narrativa de que la institución carece de capacidad técnica para identificar la huella de los grupos criminales en hechos violentos, o peor aún, que existe una voluntad política de minimizar la presencia de estos grupos para proyectar una imagen de éxito en las negociaciones de paz. Lo cierto es que, más allá de la causa específica de este caso, el Estado colombiano debe avanzar en una estrategia integral que atienda tanto las dinámicas de crimen organizado como las vulnerabilidades socioeconómicas que alimentan la violencia de carácter individual o comunitario, pues la seguridad ciudadana no se construye solo con hipótesis policiales, sino con políticas públicas que resuelvan las causas estructurales de la violencia en todas sus formas.
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