La reciente decisión del gobierno de liderar la llegada permanente del Batallón de Infantería de Marina No. 12, con una inversión proyectada que supera los $15.500 millones, refleja una estrategia militar que se alinea simultáneamente con la consolidación de la soberanía en el comercio e hidrocarburos, con la necesidad urgente de garantizar la seguridad de las fraccionadas zonas costeras donde las rutas de denominadas “remodelaciones” se vuelven vitales para la exportación de gas natural. La cifra, pues, no solo indica una asignación presupuestaria, sino la consolidación de un marco regulatorio que facilita la operatividad de las bases marítimas, habilita el desarrollo de la infraestructura de vigilancia y, en paralelo, las lenjas de protección de la cadena petrolera nacional, factores esenciales para la estabilidad macroeconómica del país.
En este contexto, la planeación de la permanencia del batallón debe leerse como un baluarte frente a la creciente ambición de bloques y potencias que buscan un mayor acceso fértil a los mercados de energía, sin olvidar el entramado de relaciones con la comunidad internacional, donde la defensa de los derechos de propiedad y la soberanía sobre los recursos deben ser cotejados con el consenso político global por la reparación de los daños ambientales. El aporte financiero, frente al patrimonio del Estado, demuestra la apuesta de la administración de que la mercantilización de la política nacional se traduce en un fortalecimiento de las alianzas estratégicas, tanto bilaterales como multilaterales, para asegurar el flujo de maquilas de alto valor agregado.




