Congresista Claudia Romero denuncia que fue amenazada con una corona fúnebre en su casa: ‘No me van a silenciar’
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La representante a la cámara, figura clave en el debate nacional, ha lanzado una advertencia que resuena en el corazón del sistema político colombiano. Su exigencia de investigación y protección personal no surge del vacío, sino de un contexto creciente de hostigamiento a representantes electos, donde el miedo silencia voces disidentes. Este episodio refleja una crisis más profunda: la erosión de la institucionalidad democrática en regiones donde el Estado ha sido históricamente ausente o cómplice. La parlamentaria, cuyo perfil no ha sido revelado pero que según fuentes internas ha sido crítica de políticas extractivas, señala un patrón de intimidación que busca desmantilar la oposición parlamentaria. Para Colombia, esto trae consecuencias devastadoras: debilita la representatividad, polariza más el debate público y normaliza la violencia como herramienta política, recordando los oscuros días del paramilitarismo cuando cientos de líderes sociales fueron asesinados con total impunidad.
Este reclamo evidencia un fracuto estructural: la incapacidad del Estado colombiano para proteger a sus representantes democráticos mientras simultáneamente despliega un aparato de seguridad excesivo contra protestas sociales. La paradoja es flagrante: mientras se militarizan las calles para contener movilizaciones populares, las amenazas contra funcionarios públicos siguen siendo investigadas con lentitud deliberada. La representante, al exigir acción inmediata, desnuda la hipocresía de un gobierno que prioriza la represión sobre la protección. En el marco de las negociaciones de paz con grupos disidentes, este hecho amenaza con revertir avances en garantías políticas, volviendo a convertir el Congreso en un campo de batalla simbólico. El silencio del poder ejecutivo ante esta crisis no es neutral, sino una complicidad que perpetúa un ciclo de impunidad donde la vida de los líderes políticos vale menos que los intereses de las élites económicas.
La respuesta de las autoridades determinará si Colombia logra fortalecer su democracia o se precipita hacia una mayor inestabilidad. Si la investigación es superficial y las medidas de protección superficiales, se enviará un mensaje claro: el terrorismo funciona como método político. Este incidente debe catalizar una reforma urgente del Sistema de Protección para Periodistas, Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, que históricamente ha sido ineficaz y corrupto. Además, exige una relectura de los Acuerdos de La Habana, donde las garantías políticas son esenciales para la consolidación de la paz. Sin garantizar la seguridad de sus representantes, Colombia no solo traiciona a sus ciudadanos, sino que inviabiliza cualquier proyecto de reconciliación nacional, condenándose a repetir ciclos de violencia que solo benefician a los actores armados ilegales y a la corrupción institucional.
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