Autoridades de Nariño investigan amenazas de grupo armado contra campesinos previo a elecciones presidenciales: ‘Se va a exigir certificado electoral’
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Los grupos disidentes de las Farc, surgidos tras la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, han reconfigurado sus estructuras en zonas rurales de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, focalizándose en los municipios de Policarpa y Taminango, donde la presencia estatal es limitada y la actividad ilícita persiste. Estas disidencias, que rechazan la desmovilización total y mantienen vínculos con el narcotráfico, han intensificado la intimidación contra los habitantes, generando un clima de miedo que afecta la vida cotidiana, la movilidad y la participación cívica. La falta de patrullas policiales y la escasa inversión en desarrollo local han convertido a estas comunidades en blancos vulnerables, mientras los líderes locales intentan negociar con autoridades sin éxito, evidenciando la fragilidad del marco de seguridad nacional.
El origen de la amenaza se remonta a la disputa por el control de rutas de coca y de los corredores logísticos que conectan los cultivos con los puertos del Caribe, lo que ha generado una competencia feroz entre disidencias y bandas criminales aliadas. Esta rivalidad se ve alimentada por la debilidad institucional en la región, donde la corrupción y la falta de programas de sustitución de cultivos impiden la reconciliación y favorecen la reincorporación forzada de excombatientes al delito. Además, la política de seguridad basada en operaciones militares aisladas ha demostrado insuficiencia para desarticular redes que se adaptan rápidamente a los cambios territoriales, provocando una escalada de violencia que repercute en la población civil.
El futuro de Policarpa y Taminango depende de la capacidad del Estado para articular una estrategia integral que combine presencia efectiva en seguridad, inversión en desarrollo económico y programas de reinserción que aborden las causas estructurales del conflicto. La implementación de planes de desarrollo rural sostenible, la ampliación de servicios de salud y educación, y la garantía de canales de diálogo con la comunidad son elementos críticos para romper el ciclo de violencia. Asimismo, la coordinación entre el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y las autoridades locales debe evitar la militarización excesiva y promover una justicia transicional que fortalezca la confianza institucional, sentando las bases para una paz duradera y la reconstrucción social de estas comunidades.
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