Otro ataque armado contra el sector de la agroindustria de la caña en el norte del Cauca: un grupo ilegal incineró una cosechadora en Caloto
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Los recientes hechos violentos registrados en el norte del Cauca, particularmente en los municipios de Corinto y otro aún no identificado, se enmarcan dentro de un patrón criminal estructural que afecta crónicamente esta región andina del suroccidente colombiano, donde la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversos grupos disidencias del antiguo Cartel de Pablo Escobar compite por el control de rutas de narcotráfico y de extorsión a comunidades afrodescendientes e indígenas, lo que exige una respuesta institucional integral que vaya más allá de operativos militares puntuales para abordar las causas estructurales de la violencia en un territorio que históricamente ha sido olvidado por las políticas públicas nacionales y donde la pobreza multidimensional supera el 60% según el último informe del DNP, mientras las instituciones estatales guardan una presencia mínima y fragmentada que facilita la impunidad de los grupos armados ilegales.
Desde la perspectiva de la seguridad democrática, estos ataques simultáneos evidencian una escalada preocupante en la retórica bélica del conflicto armado residual, que ahora se manifiesta no solo en enfrentamientos directos entre fuerzas del orden y bandas criminales, sino también en acciones de terrorismo psicológico contra la población civil, con la finalidad de desgastar la presencia del Estado y generar desplazamientos forzados que benefician los nuevos cárteles de la droga en su proceso de expansión territorial hacia el Pacícico, fenómeno que requiere una redefinición urgente del modelo de seguridad basado en el fortalecimiento institucional local, la presencia permanente de agentes del orden y la implementación de alternativas económicas viables para las comunidades rurales que hoy ven en las economías ilegales su única opción de supervivencia.
La reacción del gobierno nacional, sumada a la coordinación entre los comandos militares de los ejes Cauca y Pacífico, deberá centrarse en diseños integrales que vinculen la lucha contra el terrorismo con el desarrollo socioeconómico territorial, teniendo en cuenta que el Cauca representa el 8% de las hectáreas cultivadas con ilícitos a nivel nacional y concentra el 35% de los desplazamientos internos generados por conflictos armados en la zona andina, lo que subraya la necesidad de políticas públicas con enfoque diferencial que garanticen la seguridad y los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, especialmente niños, niñas y adolescentes que hoy son reclutados forzadamente por los grupos armados ilegales para realizar labores de vigilancia y transporte de suministros en zonas de difícil acceso, fenómeno que evidencia la urgencia de acelerar los acuerdos de finalización del conflicto con las disidencias guerrilleras que continúan operando en esta región estratégica para el control del narcotráfico internacional.
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