El anuncio de la entrega este viernes de un corredor vial con un avance general del 90 % y la totalidad de la pavimentación de sus 293 metros lineales concluida no puede leerse como un hecho aislado de la agenda de infraestructura nacional, sino como un hito pequeño pero simbólico en un país que ha arrastrado décadas de rezago en conectividad territorial, especialmente en zonas donde la fragmentación geográfica ha profundizado las brechas de acceso a servicios básicos, mercados laborales y oportunidades educativas. En el contexto del plan de gobierno actual, que ha priorizado la reducción de desigualdades interregionales frente a la crítica histórica de que los grandes proyectos de transporte se concentran en los ejes centrales de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, este tramo específico, aunque de extensión reducida, representa una pieza clave para la articulación de cadenas productivas locales, en particular para pequeños productores agrícolas y comunidades rurales que hasta ahora dependían de vías terciarias en mal estado, lo que elevaba los costos de transporte en hasta un 40 % según datos del Departamento Nacional de Planeación, limitando su competitividad frente a actores económicos ubicados en zonas mejor conectadas. La superación del 90 % de ejecución total, tras años de aplazamientos en proyectos similares por problemas de contratación, consultas previas y disponibilidad presupuestal, refleja además un cambio en la gestión de los contratos de obra pública que el Ministerio de Transporte ha venido implementando desde 2023, con mecanismos de monitoreo en tiempo real y sanciones automáticas por incumplimiento de cronogramas que habían sido ausentes en administraciones anteriores.
La finalización de la pavimentación de los 293 metros lineales de este corredor, que se enmarca en un grupo de 127 proyectos de infraestructura de mediana y pequeña escala que el Gobierno Nacional ha priorizado para 2024 en departamentos con Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) superiores al promedio nacional, plantea interrogantes relevantes sobre la sostenibilidad del ritmo de ejecución en un año electoral donde los recursos públicos suelen estar sujetos a presiones políticas de corto plazo. A diferencia de los megaproyectos de la red 4G y 5G, que han estado marcados por escándalos de corrupción y sobrecostos que superan los 12 billones de pesos según informes de la Contraloría General de la República, estos tramos de menor extensión han mostrado una mayor eficiencia en la ejecución presupuestal, con un nivel de desviación de costos inferior al 3 % frente al 18 % promedio de los proyectos de gran escala, lo que sugiere que una estrategia focalizada en conectividad de proximidad podría ser más efectiva para reducir las brechas territoriales que la apuesta histórica por obras faraónicas que benefician principalmente a grandes conglomerados económicos. No obstante, el reto posterior a la entrega de este viernes radica en el mantenimiento de la vía, un aspecto que históricamente ha sido ignorado por las administraciones nacionales y locales, generando que el 60 % de las vías pavimentadas en zonas rurales pierdan su funcionalidad en menos de cinco años por falta de recursos para bacheo, señalización y control de carga, lo que anularía los beneficios económicos proyectados para las comunidades aledañas.
La entrega de este corredor con un avance general del 90 % —faltando únicamente detalles de señalización y adecuación de zonas peatonales y de cruce, según informes técnicos previos— ocurre en un momento en que el Congreso de la República debate la reforma a la Ley de Infraestructura que busca descentralizar la toma de decisiones sobre obras de transporte, otorgando mayores competencias a las gobernaciones y alcaldías en la identificación de prioridades territoriales, un cambio que podría replicar la eficiencia mostrada en este tramo de 293 metros si se acompaña de mecanismos de control social rigurosos. Desde la perspectiva de la cohesión nacional, este tipo de obras pequeñas tiene un impacto simbólico que las cifras macroeconómicas suelen ignorar: para las comunidades que habitan zonas históricamente marginadas, la existencia de una vía pavimentada no solo reduce tiempos de traslado y costos de transporte, sino que valida la presencia del Estado en territorios donde la institucionalidad ha sido débil, lo que es fundamental para combatir el reclutamiento ilegal de menores y la expansión de economías ilícitas, problemas que según el Ministerio de Defensa afectan a 196 municipios priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. El hecho de que la entrega se realice este viernes, con un margen de cumplimiento de cronograma que contrasta con el 72 % de atraso promedio en proyectos de infraestructura social registrado en 2022, sugiere que las reformas a los procesos de contratación pública están empezando a dar frutos, aunque será necesario esperar al cierre del año para confirmar si este ritmo se mantiene frente a la desaceleración económica proyectada para el cuarto trimestre.




