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En la última edición del diario oficial, el Gobierno confirmó que la nueva regulación de tráfico provocará un estricto control sobre la circulación de vehículos, restringiendo el acceso a ciertos modelos según el último dígito de sus placas. Esta medida surge como respuesta a la alarmante congestión y a la urgente necesidad de reducir la huella de carbono en zonas urbanas. Analizando el contexto histórico y las cifras de movilidad, se observa que la política urbana de Bogotá y Medellín ha encaminado repetir la experiencia de Quito, que introdujo un sistema similar en 2019, logrando una reducción del 12 % en la velocidad media de los vehículos y una disminución del 7,8 % en emisiones de CO₂ en un año. En el caso colombiano, los municipios considerarán los datos de tráfico de los últimos cinco años, los cuales señalan un incremento anual del 4,2 % en el número de vehículos particulares. La medida, que entrará en vigor el 15 de agosto, busca equilibrar la demanda de movilidad con los compromisos internacionales de emisión de gases y la cobertura de las redes de transporte público. Asimismo, la normativa intentará fomentar el uso de transporte alternativo, ya que el último dígito impreso en la placa servirá como criterio para asignar ventanas de circulación que faciliten la movilidad para las personas con necesidades especiales y los conductores de vehículos no contaminantes.
El impacto esperado de la restricción involucra varios actores. En primer lugar, los conductores aptos que tendrán que reorganizar sus desplazamientos; estudios recientes indican que el 53 % de los hogares con vehículos en ciudades de alta densidad ya cuentan con soluciones para compartir coche o usar transporte público. En segundo lugar, las autoridades del tránsito deberán ejecutar un sistema de control tecnológico para identificar los dígitos imposibilitados por hora rangos, incrementando el gasto operativo en cerca de un 18 % del presupuesto anual. Politicamente, la medida fortalece el proyecto de ley “Movilidad Sustentable 2025”, celebrada en el Congreso, que busca reiniciar las negociaciones climáticas en la COP30. En la esfera social, la población de zonas periféricas podría verse afectada negativamente si las rutas de autobuses no se ajustan, lo que obligará a las instituciones a crear corredores de movilidad alterna. Finalmente, el futuro del país dependerá de cómo se equilibren la restricción vehicular con la expansión del transporte público y la retrofitting de las infraestructuras de frutas de flora. Estos cambios, si se implementan de manera articulada, podrían consolidar la posición de Colombia como modelo de transición energética en Sudamérica y sentar las bases para una convivencia urbana más sostenible y justa.
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