Operación Escudo se fortalece: ocho pelotones y burbuja de inteligencia para capturar a cabecillas de la estructura ‘Jaime Martínez’ en Cauca y Valle
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La solicitud formal de la gobernadora del Cauca, Dilian Francisca Toro, de articular una operación de gran calado en la cuenca del río Naya y el sector norte de su departamento para desmantelar las economías ilegales que han arraigado en la zona no es un pedido aislado, sino una respuesta directa a décadas de abandono institucional que han permitido que grupos armados organizados, estructuras residuales de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz, el Clan del Golfo y bandas criminales dedicadas a la minería ilícita y el tráfico de estupefacientes consoliden un control territorial que desplazó a la presencia estatal de estas zonas de frontera interna. El departamento del Cauca lleva años figurando en los primeros lugares del índice de violencia nacional, con tasas de homicidios y desplazamiento forzado que superan la media colombiana, y la cuenca del Naya —que comparte con el departamento del Valle del Cauca— se ha convertido en un corredor estratégico para el movimiento de carga ilícita hacia los puertos del Pacífico, lo que explica la necesidad de una intervención que no solo sea militar, sino que incluya componentes de inversión social para evitar que las comunidades campesinas e indígenas sigan viéndose obligadas a participar de estas economías por falta de alternativas legales.
La viabilidad de esta operación solicitada por la mandataria departamental dependerá en gran medida de la articulación entre los niveles nacional y territorial, un frente en el que Colombia ha tenido históricos tropiezos: intervenciones militares focalizadas en el pasado en el norte del Cauca y la cuenca del Naya han logrado desmantelar estructuras criminales temporales, pero la ausencia de un acompañamiento institucional sostenido y de programas de sustitución de cultivos ilícitos y formalización minera ha permitido que las economías ilegales se reconfiguraran en cuestión de meses, con incluso mayor brutalidad hacia las comunidades que colaboran con las autoridades. El gobierno nacional de Gustavo Petro ha planteado la “paz total” como eje de su política de seguridad, que prioriza la negociación con grupos armados sobre la fuerza militar, pero en territorios como el Cauca —donde grupos que no se acogieron al acuerdo de 2016 y el Clan del Golfo han mantenido una ofensiva de ataques a la fuerza pública y masacres de líderes sociales— la tensión entre la política de diálogo y la necesidad de presencia coercitiva estatal sigue sin resolverse, lo que pone a prueba la capacidad del ejecutivo para responder a pedidos como el de Toro sin comprometer sus objetivos de largo plazo. Además, la solicitud llega en un momento en que el presupuesto de seguridad para el próximo año ha sido objeto de debate en el Congreso, con recortes que podrían limitar la capacidad de desplegar una operación “robusta” como la que pide la gobernadora, especialmente si se requiere sostener la presencia en la zona por periodos prolongados y no solo realizar golpes de corto plazo.
El pedido de la gobernadora Toro pone sobre la mesa una de las tensiones estructurales más profundas de la Colombia contemporánea: la brecha entre la retórica de construcción de paz y la realidad material de los territorios más afectados por la violencia, donde la presencia estatal sigue siendo percibida como intermitente o depredadora en lugar de garante de derechos. Si la operación solicitada logra articular fuerza pública, inversión social y control ambiental, podría convertirse en un modelo para otras zonas del país donde las economías ilegales han capturado el territorio, desde el Catatumbo hasta el Guaviare, pero si se reduce a una acción militar de corto plazo sin acompañamiento de sustitución de ingresos para las comunidades, corre el riesgo de profundizar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, que ya ven con escepticismo las promesas de seguridad tras décadas de fracasos. Asimismo, la intervención en el Naya tiene una dimensión ambiental crítica: la minería ilícita en la cuenca ha devastado el lecho del río, contaminado las fuentes de agua con mercurio y destruido ecosistemas de bosque húmedo tropical, por lo que una desarticulación efectiva de estas redes no solo reduciría la violencia, sino que protegería recursos naturales estratégicos para el país en el marco de los compromisos internacionales de cambio climático. El éxito o fracaso de esta iniciativa será, en última instancia, un termómetro de la capacidad del Estado colombiano para superar el modelo de seguridad reactiva y transitar hacia una presencia territorial integral que garantice la vigencia del derecho en las zonas más olvidadas del mapa nacional.
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