La programación de la segunda jornada de la competencia atlética nacional prevista para el próximo domingo 3 de mayo, que integrará los formatos de 15 kilómetros y 42 kilómetros —este último equivalente a la distancia reglamentaria de maratón—, no solo representa un hito en el calendario deportivo oficial del país, sino que evidencia la consolidación de una estrategia estatal y privada orientada a fomentar la práctica de deportes de resistencia como herramienta de salud pública y cohesión social en un contexto nacional marcado por el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles ligadas al sedentarismo. Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, más del 60% de la población colombiana mayor de 18 años no cumple con los niveles mínimos recomendados de actividad física, lo que genera un gasto anual superior a los 8 billones de pesos en tratamientos asociados a diabetes, hipertensión y obesidad; por ello, la masificación de eventos de este tipo, que atraen a corredores aficionados y profesionales de todas las regiones, se posiciona como una política transversal que trasciende lo meramente deportivo para impactar directamente en la sostenibilidad del sistema de salud y en la reducción de brechas de acceso a espacios de recreación en zonas periféricas donde la oferta cultural y deportiva es precaria. Además, la inclusión de distancias que permiten la participación de personas con diferentes niveles de preparación física refuerza el carácter inclusivo de la convocatoria, lejos de la elitización que históricamente ha caracterizado a las competencias de larga distancia en el país, y abre espacios para que comunidades históricamente marginadas del circuito deportivo oficial encuentren en el ejercicio físico una alternativa de bienestar y pertenencia nacional.
La estructuración de esta segunda jornada como parte de un calendario de competencias que busca profesionalizar el atletismo de fondo en Colombia cobra especial relevancia en un momento en el que el país atraviesa una reforma profunda al sistema de apoyo a deportistas de alto rendimiento, impulsada por el Ministerio del Deporte tras los resultados obtenidos en los últimos Juegos Panamericanos y Olímpicos, donde los representantes nacionales en pruebas de fondo no alcanzaron las metas de medallas previstas. La existencia de una red de carreras nacionales con distancias estandarizadas permite identificar talentos desde edades tempranas en regiones donde el atletismo tiene una arraigo cultural profundo, como el altiplano cundiboyacense, el sur del Tolima y el departamento de Nariño, donde las condiciones geográficas y la tradición de desplazamientos peatonales de larga distancia han generado una cantera de corredores con potencial internacional que, hasta hace pocos años, quedaba desaprovechada por la falta de espacios de competencia regulares. Asimismo, este tipo de eventos masivos dinamizan las economías locales de los municipios que se postulan como sedes, generando ingresos para el sector hotelero, gastronómico y de servicios de transporte, lo que explica el creciente interés de alcaldías y gobernaciones por cofinanciar estas competencias como parte de sus estrategias de desarrollo territorial, alejándose de la visión centralista que hasta hace una década concentraba casi la totalidad de los eventos deportivos de relevancia en Bogotá, Medellín y Cali. La transparencia en la organización de esta segunda jornada, además, será un termómetro para evaluar la capacidad de las entidades deportivas regionales para gestionar recursos públicos destinados a la promoción del deporte, en un contexto de escrutinio ciudadano creciente sobre el uso de partidas presupuestales en el sector.
La realización exitosa de esta segunda jornada de competencia con formatos de 15K y 42K sentará un precedente para la consolidación de un circuito nacional de carreras de resistencia que posicione a Colombia como un destino de referencia para eventos deportivos internacionales de esta categoría, lo que atraería no solo turismo extranjero especializado, sino también inversión de marcas globales del sector deportivo que hasta ahora han tenido una presencia limitada en el país. No obstante, persisten desafíos estructurales que podrían limitar el impacto de estas iniciativas: la falta de infraestructura vial adecuada para el cierre de circuitos en ciudades con alta congestión vehicular, la insuficiencia de personal médico capacitado para atender emergencias durante las competencias y la brecha digital que dificulta la inscripción de poblaciones rurales a estos eventos son obstáculos que requerirán una articulación intersectorial entre el Estado, las organizaciones deportivas y el sector privado para superarse. A mediano plazo, la masificación de estas competencias también podría contribuir a reducir las tasas de violencia juvenil en zonas urbanas marginadas, al ofrecer alternativas de ocupación del tiempo libre que alejen a los jóvenes de dinámicas delictivas, lo que refuerza el carácter multidimensional de las políticas públicas vinculadas al deporte. La participación ciudadana en esta segunda jornada, medida tanto en número de inscritos como en asistencia de público, será un indicador clave para ajustar las estrategias de promoción deportiva en el país, y permitirá evaluar si las campañas de sensibilización sobre los beneficios de la actividad física están logrando permeabilidad en una sociedad que aún prioriza el transporte motorizado por encima de la movilidad activa.




