Aida Quilcué y Francia Márquez participan en la marcha del Día del Trabajo en Cali: la movilización llegó a Puerto Rellena
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La culminación de las jornadas de movilización en el resto del departamento del Valle del Cauca, con un balance calificado como exitoso por las organizaciones convocantes y las autoridades locales, no es un hecho aislado de la dinámica política y social que atraviesa Colombia en la actualidad, sino un reflejo de las tensiones estructurales que persisten en las regiones periféricas al eje cafetero y central del país, donde la brecha en la inversión pública, el acceso a servicios básicos y la seguridad ciudadana sigue siendo una demanda pendiente de la implementación de los acuerdos de paz y las políticas de desarrollo rural integral. Estas movilizaciones, que concentraron sus exigencias en la ejecución de proyectos de infraestructura vial, la ampliación de la cobertura en salud y educación en municipios como Buenaventura, Jamundí, Palmira y Tuluá, exponen la fatiga de las comunidades frente a la demora en la llegada de recursos del Sistema General de Participaciones y la falta de transparencia en la contratación de obras públicas, lo que ha generado un clima de desconfianza hacia las instituciones que se suma a la crisis de gobernanza que enfrenta el departamento tras los recientes cuestionamientos a la administración departamental por posibles irregularidades en la gestión de fondos de emergencia. Este éxito en el cierre de las jornadas, según los organizadores, no implica la suspensión de las protestas, sino un receso para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Gobernación del Valle y los alcaldes municipales, lo que marca un cambio en la táctica de los movimientos sociales en el país: de la protesta constante a la vigilancia ciudadana activa, una tendencia que se ha replicado en departamentos como Antioquia, Cesar y Cauca en los últimos seis meses, evidenciando una maduración de la sociedad civil colombiana en su relación con el Estado.
El balance exitoso de estas movilizaciones en el Valle del Cauca adquiere una relevancia nacional que trasciende las fronteras departamentales, pues se trata de una región que aporta el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, alberga el principal puerto del país en Buenaventura, que mueve el 60% de las exportaciones colombianas, y es un corredor estratégico para el comercio exterior, por lo que cualquier alteración del orden público o tensión social en su territorio tiene un impacto directo en la estabilidad económica de la nación y en la confianza de los inversores internacionales. La capacidad de las organizaciones sociales para articularse con gremios económicos, sindicatos y juntas de acción comunal en torno a demandas concretas, lejos de las narrativas de “vandalismo” que han dominado el discurso oficial en años anteriores, demuestra que el movimiento social colombiano ha aprendido a separar sus reclamos legítimos de los actores violentos que suelen infiltarse en las protestas, una lección que cobra especial importancia de cara a las elecciones regionales de 2025, donde la gestión de la protesta social será un factor determinante para la legitimidad de los nuevos gobernantes. Asimismo, el respaldo de la comunidad internacional a estas movilizaciones, que han sido monitoreadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, pone de relieve la necesidad de que el gobierno nacional incluya a las regiones del Valle en su agenda de priorización de inversión, alejándose de la concentración de recursos en el centro del país que ha caracterizado a las administraciones de los últimos veinte años, bajo el riesgo de profundizar las asimetrías regionales que son uno de los motores de la violencia estructural en el territorio nacional.
La maduración de las dinámicas de protesta en el Valle del Cauca, concretada en este cierre exitoso de jornadas sin incidentes de violencia reportados por la Defensoría del Pueblo y con acuerdos firmados entre el movimiento social y las autoridades locales, apunta a un cambio de paradigma en la gestión de conflictos sociales en Colombia, que abandona la lógica de la confrontación frontal por una de negociación técnica y seguimiento de compromisos, un avance que se alinea con las metas del gobierno nacional de reducir los índices de conflictividad social en un 30% para 2026, según el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Sin embargo, este éxito local no puede ocultar las deficiencias estructurales que persisten en el sistema de planeación nacional, que sigue sin contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana en la asignación de recursos, lo que ha llevado a que las comunidades del Valle y de otras regiones del país se vean obligadas a recurrir a la movilización para que sus demandas sean escuchadas, una situación que contradice el discurso de “paz total” que sustenta la actual administración presidencial. De cara al futuro, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Valle del Cauca será una prueba de fuego para la capacidad institucional del departamento y del país para responder a las demandas regionales, pues un incumplimiento reiterado no solo reactivará las protestas en la región, sino que enviará un mensaje negativo a otras zonas del país que están evaluando esta táctica de movilización concertada como una alternativa viable para hacer valer sus derechos, lo que podría fracturar aún más la confianza en las instituciones democráticas en un momento en el que Colombia necesita consolidar su tejido social para superar los desafíos de la posconflicto y la reactivación económica postpandemia.
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