Un giro inesperado en el proceso judicial por la muerte del ’10’
El 12 de agosto de 2026, un tribunal de Buenos Aires escuchó un controvertido informe pericial que sugiere una posible negligencia médica en la atención que recibió Diego Armando Maradona durante su estancia en su casa, antes de su fallecimiento en noviembre de 2020. El documento, elaborado por un panel de destacados médicos forenses, ha reabierto un caso que ya ha provocado acusaciones, protestas públicas y un largo debate sobre la calidad de la atención sanitaria que recibió el legendario futbolista.
Nueva prueba: ¿un diagnóstico erróneo o un error de tratamiento?
El nuevo informe, al que tuvo acceso este medio, concluye que **la administración de una combinación de medicamentos, entre ellos diuréticos y sedantes, sin la debida supervisión clínica, pudo haber acelerado la insuficiencia multiorgánica que causó la muerte de Maradona**. El documento contrasta con el certificado de defunción original, que atribuía el fallecimiento a un paro cardíaco secondary a una insuficiencia cardíaca preexistante.
Los expertos forenses involucrados en el dictamen señalan una posible violación del protocolo médico estándar. Según el informe, **el cardiólogo designado y la enfermera coordinadora no documentaron adecuadamente los niveles de medicación en sangre, no realizaron las pruebas de laboratorio necesarias y no alerted a los familiares sobre los posibles riesgos**. El panel sugiere que estas omisiones podrían constituir negligencia criminal, un factor que podría influir en las sentencias previstas para los acusados.
Quiénes están siendo juzgados
El juicio, que comenzó en 2023, acusa actualmente a **el doctor de Maradona, Leopoldo Luque**, y a **la enfermera coordinadora, Gabriela Rampazzo**, de negligencia profesional y eventual homicidio imprudente. Las hijas del ex futbolista, **Gianina Maradona y Dalma Maradona**, han liderado el proceso civil y penal, exigiendo justicia en nombre de su padre y solicitando una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon su muerte.
Verónica Ojeda, la ex pareja de Maradona y madre de su hijo Diego Junior, también ha intervenido en la causa, ofreciendo detalles sobre los últimos días de vida del ’10’. En declaraciones a este medio, Ojeda recordó una visita el **28 de octubre de 2020**, en la que observó que **Maradona parecía debilitado y presentaba signos de confusión**, lo que, según ella, no había sido debidamente comunicado a los profesionales sanitarios.
Consecuencias del nuevo dictamen médico
La presentación del informe pericial ha provocado una agitación en el Palacio de Justicia y en los medios de comunicación. El Tribunal de Apelación de Buenos Aires ha ordenado una revisión de la instrucción fiscal, y el juez a cargo del caso ha solicitado una auditoría independiente de los registros médicos en cuestión. Los abogados defensores de Luque y Rampazzo han argumentado que las acciones tomadas eran conformes a la práctica médica habitual en Argentina en ese momento, y que las condiciones preexistentes de Maradona contribuyeron significativamente a su muerte.
No obstante, los familiares de Maradona y los defensores de la reforma sanitaria consideran que el nuevo dictamen puede tener repercusiones más amplias. **Las asociaciones de pacientes y grupos de defensa han pedido una revisión de la legislación sobre la atención a altas personalidades**, con el objetivo de garantizar una supervisión más estricta y una rendición de cuentas transparente en los casos que involucran a figuras públicas.
Perspectivas de cara al futuro
Con la nueva prueba sobre la mesa, el tribunal tiene previsto celebrar una audiencia preliminar el próximo mes de septiembre. Los expertos en derecho predicen que este proceso podría prolongarse durante varios meses, con la posibilidad de nuevos dictámenes periciales, testimonios de testigos y, potencialmente, un acuerdo extrajudicial que satisfaga a todas las partes implicadas.
Para los seguidores y familiares de Diego Maradona, este desarrollo supone un nuevo paso hacia la claridad sobre las circunstancias de su muerte. Para el sistema judicial argentino, el caso representa un desafío a la hora de equilibrar el escrutinio público con las garantías procesales de los profesionales médicos acusados de negligencia.







