Video | Dramático momento en que secuestran a un padre y su hijo cuando estaban de turistas en Bazán Bocana, Buenaventura: un cuerpo fue encontrado
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Las autoridades colombianas activaron una de las recompensas más ambiciosas de los últimos años al ofrecer hasta cien millones de pesos por información que conduzca al paradero de una persona secuestrada, lo que revela no solo la gravedad del caso sino el deterioro progresivo de la seguridad en varias regiones del país donde grupos armados siguen usando la extorsión como mecanismo de control territorial. Esta cifra, aunque significativa en términos simbólicos, enfrenta el problema estructural de que las recompensas han perdido eficacia cuando el entorno social donde operan los secuestradores es de extrema vulnerabilidad y miedo, donde denunciar puede ser más peligroso que guardar silencio. El secuestro en Colombia no es un fenómeno aislado: en los últimos años se ha documentado un repunte que coincide con la disputa entre disidentes de las FARC, grupos el narcotráfico y estructuras que reclutan a menores para operativos criminales, lo que convierte cada caso individual en un síntoma de una crisis nacional que el Estado ha sido incapaz de contener con políticas de seguridad tradicionales.
La decisión de elevar la recompensa responde a una lógica de presión mediática y política más que a una estrategia de inteligencia operativa, dado que en múltiples ocasiones la Policía y las Fuerzas Militares han ofrecido cifras elevadas sin obtener resultados concretos, lo que genera una paradoja donde el dinero público se invierte en premios que rara vez se cobran y que terminan alimentando la percepción de impotencia institucional. Desde la perspectiva de las comunidades afectadas, particularmente en departamentos como Córdoba, Chocó, Nariño y el sur del Tolima, el secuestro se ha convertido en una forma de violencia cotidiana que acompaña la disputa por el control de rutas de narcotráfico, de tierras y de recursos naturales, un fenómeno que conecta directamente con la crisis agraria y la ausencia de presencia estatal en amplias zonas rurales. La recompensa, en este contexto, no aborda las causas profundas: la debilidad del Estado para garantizar la vigencia de derechos fundamentales en territorios donde la ley de las armas sigue siendo más poderosa que la ley formal.
Para el futuro del país, este caso representa una oportunidad para que el gobierno de Gustavo Petro reconozca públicamente que la estrategia de seguridad centrada exclusivamente en la confrontación militar ha fracasado en materia de secuestro, y que es necesario articular una política integral que combine inteligencia comunitaria, acompañamiento psicosocial a las víctimas y una ofensiva contra las estructuras económicas que financian estos delitos. La historia reciente colombiana muestra que cada escándalo mediático por secuestro termina siendo olvidado mientras las cifras de personas en cautiverio siguen creciendo, lo que exige que este caso se convierta en un punto de inflexión en la política de justicia transicional y en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, cuyo incumplimiento en las regiones ha creado un vacío que los grupos armados aprovechan con total impunidad. La pregunta que el país debe hacerse no es solo quién secuestró a esta persona, sino por qué un Estado que gasta miles de millones en seguridad no puede proteger a sus ciudadanos en las zonas más necesitadas.
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