La desaparición y posterior hallazgo de una menor en la parte alta de Siloé, zona rural de Cali, revela una vez más las profundas fallas en los mecanismos de protección a la infancia en las comunidades más vulnerables del Valle del Cauca. Siloé, ubicado en la ladera oriental de la ciudad, es una de las comunas que históricamente ha padecido neglecto institucional, donde las redes de apoyo social son escasas y los organismos de emergencia deben cubrir territorios extensos con recursos limitados. El Cuerpo de Bomberos, que finalmente localizó a la niña en una loma, actúa frecuentemente como primera línea de respuesta en emergencias que deberían ser atendidas por equipos especializados en atención a menores, evidenciando la precaria estructura de los servicios de infancia en el departamento. Esta situación refleja un patrón nacional donde los niños y adolescentes de zonas marginales quedan expuestos a riesgos derivados de la falta de vigilancia estatal, la ausencia de políticas públicas efectivas de prevención y la insuficiente inversión en infraestructura social en territorios periféricos.
El caso de Siloé no es aislado y debe analizarse dentro del contexto de la crisis de protección a la infancia que atraviesa Colombia, donde las cifras de menores desaparecidos o victims de violencia han aumentado significativamente en los últimos años según reportes del ICBF. La geografía compleja de las laderas caleñas, caracterizada por pendientes pronunciadas, viviendas dispersas y caminos precarious, dificulta tanto la supervisión parental como la intervención oportuna de las autoridades, convirtiendo a estos territorios en zonas de alta vulnerabilidad para la población infantil. La falta de programas comunitarios de vigilancia vecinal, de centros de atención psicosocial accesibles y de campañas de prevención dirigidas a familias en situación de pobreza extrema, configura un escenario donde tragedias como esta pueden repetirse. El hallazgo de la menor por parte del Cuerpo de Bomberos, en lugar de un equipo especializado en rescate de menores, subraya la improvisación con la que las instituciones locales enfrentan emergencias que requieren protocolos específicos y formación especializada.
De cara al futuro, este incidente debería motivar una revisión profunda de las políticas de infancia en Cali y en todo el territorio nacional, especialmente en lo que respecta a la atención de menores en zonas de ladera y territorios marginales. La falta de datos precisos sobre el estado de la menor, las circunstancias de su desaparición y las condiciones que permitieron que una niña terminara en una loma sin supervisión adecuada, evidencia también una deuda con la transparencia informativa que impide a la ciudadanía comprender la magnitud de los problemas y exigir soluciones. Las autoridades locales y nacionales deben priorizar la creación de redes de protección comunitaria en comunas como Siloé, dotándolas de recursos humanos y tecnológicos que permitan respuestas rápidas ante emergencias que involucren a menores. El silencio institucional posterior a estos hechos no hace más que perpetuar un sistema que fracasa sistemáticamente en proteger a los niños más vulnerables del país.




