La Asamblea de Antioquia rechazó los asesinatos del periodista Mateo Pérez Rueda y de la presidenta del Concejo de Obando, Valle, Mileidy Villada
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La violencia que asola actualmente Antioquia y el Valle del Cauca no se limita a un número de asesinatos o desapariciones, sino que se expande en un entramado de desigualdades estructurales, movilizaciones socialmente organizadas y una respuesta estatal insuficiente, que agrava la realidad de cientos de comunidades. Los últimos datos del Observatorio de la Violencia publicados por el Ministerio del Interior muestran un incremento del 18 % en los homicidios en la región del Valle no solo durante los últimos dos años, sino que han superado los 10.000 cuerpos metáforos en zonas rurales que antes se consideraban “seguras” para la producción agrícola. Este fenómeno se vincula con la presencia de extorsionadores confederados, narcotraficantes y criminales de la frontera con Panamá, que explotan la falta de presencia policial y la vulnerabilidad de las comunidades. El lector percibe entonces la fuerza corrosiva que tiene la criminalidad cuando se fomenta la secesión de valores estatales y la ilusión de justicia que el sistema legal ofrece, dejando a la población ante la incertidumbre y el miedo.
La respuesta de las autoridades ante la reciente ola de asesinatos en el Huila y La Guajira, que se reflejan en la tragedia de la comunidad de Bagacá, es incómoda: las medidas de movilización aérea y la creación de “comités de paz” carecen de itinerario claro y suelen quedarse sin recursos, perpetuando la sensación de vulnerabilidad entre los habitantes. La policía de Antioquia ha declarado que se incrementarán los patrullajes en los puntos críticos, pero a partir del análisis de la Oficina de Análisis de Seguridad, la capacitación y el equipamiento son insuficientes para contrarrestar la organización de los grupos delincuenciales. Esta insuficiencia se ve exacerbada por el déficit de comunicación entre las distintas agencias de seguridad, que suele generar lagunas en la percepción del riesgo y la tardanza en la respuesta de emergencia. Cuando la obra se inspira en estudios de la Universidad de Antioquia, sugiere que la raíz del problema es la falta de políticas de desarrollo inclusivo que prioricen la creación de empleo y la construcción de un tejido social sólido. El resultado es una sociedad que se enfrenta a la corrupción, a la falta de oportunidades laborales y a procesos de militarización que, lejos de brindar seguridad, a muchos les hace sentir prisioneros del territorio.
En este contexto, la normativa de protección a los “vulnerables” ha rompiéndose but con la falta de seguimiento a los protocolos establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Consejo Nacional de la Justicia acoge los hallazgos sobre la inseguridad en el Valle y reclamará la creación de un mecanismo de cooperación local, al soporte de las comunidades. La transición hacia un marco de seguridad integral implica reformar la lógica de sanción y optar por un enfoque protectivo que promueva la rehabilitación y la reinserción social. Asimismo, la influencia de la industria del cortocircuito en la actividad económica local se disfraza como una cousy para la actividad policial, pero eso no justifica la falta de un control, la verificación de delitos y la cobertura de los derechos humanos. Sin embargo, el futuro parece indicarnos que la controversia social seguirá marcando la agenda política mientras los gobernantes buscan oportunidades de desarrollo y no de solución sistémica de la violencia.
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